El Gobierno cerró la crisis de los carburantes de 2026 descartando la tesis del sabotaje político y atribuyendo la contaminación de combustibles a fallas estructurales acumuladas durante años en YPFB, según el informe final presentado el 11 de mayo por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.
La Policía Boliviana entró en estado de apronte para intervenir los bloqueos que mantienen cercada a La Paz y cortan la conexión con Perú, mientras las pérdidas económicas por las movilizaciones superan los Bs 150 millones en municipios y $15 millones diarios en el departamento paceño.
La controversia por la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas para acceder a créditos, expone una fractura entre el sector productivo boliviano y el sistema político que regula las tierras.
El modelo “50/50” dejó de ser una promesa política y se convirtió en uno de los principales focos de tensión social y territorial del país, con paros, marchas y bloqueos mientras el gobierno avanza con mesas técnicas para aplicar la reforma desde 2026.
Análisis del Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA detectaron niveles de goma hasta ocho veces superiores al límite permitido en muestras de gasolina de 85 octanos comercializada en La Paz, confirmando que el combustible incumple la normativa boliviana.
El Estado boliviano gastó cerca de Bs 960 millones en el programa Comunidades Urbanas, pero más de 2.000 viviendas sociales permanecen abandonadas en distintos departamentos debido a irregularidades administrativas y requisitos de acceso demasiado restrictivos.
La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declaró en emergencia este lunes en defensa de la Ley 1720, mientras productores cañeros y ganaderos benianos se sumaron a la movilización contra la abrogación de la norma que espera tratamiento en el Senado.
Bolivia enfrenta este lunes una parálisis parcial del territorio por la convergencia de bloqueos en rutas estratégicas y un paro nacional del magisterio que suspendió las labores educativas en todo el país.
Bolivia pasó de anunciar hallazgos de megacampos como Margarita, San Alberto y Sábalo a informar sobre pozos petroleros para extraer hidrocarburos residuales que representan una ínfima parte de lo que el país necesita.
El INRA de Santa Cruz operaba con apenas 20 funcionarios para gestionar 36 millones de hectáreas, reveló Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).