Un nuevo puerto multipropósito en Nueva Palmira, Uruguay, con inversión de 150 millones de dólares, podría reducir hasta 25% los costos logísticos de exportación boliviana hacia el Atlántico vía la Hidrovía Paraguay–Paraná.
Economistas advierten que destinar los 1.000 millones de dólares captados mediante bonos soberanos al pago de deuda externa previa, en lugar de inversión pública, podría generar un ciclo de endeudamiento insostenible para Bolivia.
La Fexco 2026 cerró con más de $us 84 millones en intenciones de negocio y un movimiento económico proyectado cercano a los $us 190 millones, en un contexto nacional marcado por escasez de dólares y desaceleración económica.
El Gobierno de Bolivia emitió bonos soberanos por $us 1.000 millones a 5 años con una tasa de interés del 9,45% anual, operación que generará un costo total de aproximadamente $us 473 millones en intereses.
Rodrigo Paz cumple seis meses de gobierno con una caída de 13 puntos en su popularidad —del 65% al 52%— en medio de alta convulsión social y una crisis económica que logró contener parcialmente pero no resolver.
El Gobierno presentó la Nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, que abandona el modelo estatista vigente desde 1994 y abre el sector a la inversión privada en generación, transmisión y distribución.
Boliviana de Aviación (BoA) acumula casi dos décadas de denuncias de corrupción, desde su nacimiento tras el cierre del Lloyd Aéreo Boliviano en 2007 hasta el reciente fraude de 18 millones de dólares vinculado a la empresa Kitex Experience.
La Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades rurales en medianas para acceder a créditos bancarios, enfrenta su posible abrogación tras el compromiso del presidente Rodrigo Paz con sectores campesinos, lo que desató el rechazo del sector productivo cruceño.
El Gobierno alcanzó este miércoles acuerdos con choferes y sectores campesinos para desactivar parte de los conflictos; sin embargo, Bolivia continúa bajo tensión con bloqueos activos, protestas y demandas aún pendientes en varias regiones del país.
El Decreto 5613 enfrenta al sector empresarial y campesino en Bolivia, con los primeros alertando sobre inseguridad jurídica para la inversión y los segundos advirtiendo que la norma podría favorecer al capital agroindustrial.