La conflictividad social obligó al Gobierno de Rodrigo Paz a postergar las reformas económicas diseñadas para 2026, priorizando la contención de crisis inmediatas mientras diversos sectores exigen incluso su renuncia.
Los bloqueos y movilizaciones se intensificaron este jueves en Bolivia pese a la abrogación de la Ley 1720 y el llamado oficial al diálogo, con 21 puntos de corte reportados en el país.
Con el reporte de Sinosteel sobre la conclusión de obras complementarias en mayo de 2026, Bolivia cumple un ciclo de dos décadas intentando industrializar el Mutún, un proyecto que pasó de ambiciosos sueños con Jindal a una escala más realista con la empresa china.
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, aceptando las modificaciones del Senado, y remitió el proyecto al Ejecutivo para su promulgación.
Los bloqueos en rutas estratégicas de Bolivia persisten pese al avance en la abrogación de la Ley 1720, manteniendo cercada a La Paz y provocando desabastecimiento de insumos básicos y alimentos.
El conflicto social en torno a la Ley 1720 y su posterior abrogación profundiza la incertidumbre jurídica en Bolivia, amenazando con paralizar proyectos de inversión en el sector agropecuario que el Gobierno de Rodrigo Paz considera estratégico.
YPFB señala al Decreto Supremo 3992, aprobado en 2019 durante el gobierno de Evo Morales, como una de las causas estructurales de la crisis de gasolina adulterada que ha paralizado a miles de vehículos en Bolivia a inicios de 2026.
El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo Código Minero que otorgará estabilidad tributaria por 20 años, eliminará la alícuota adicional del 12,5% sobre utilidades extraordinarias y concentrará más poder en la AJAM para adjudicar contratos.
La Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, en su estación en grande, el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de conversión y reconversión de tierras, con 20 votos a favor de un total de 32 senadores presentes.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptó avanzar en la elaboración de una nueva ley consensuada para contribuir a la pacificación del país y lograr el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras.