Lo esencial: La controversia por la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas para acceder a créditos, expone una fractura entre el sector productivo boliviano y el sistema político que regula las tierras.

Por qué importa: El sector productivo, que genera divisas y empleo, carece de poder real sobre las políticas de tierras que regulan su propia supervivencia, señalan especialistas.

La inseguridad jurídica resultante de someter la ley a la presión de movilizaciones actúa como un freno al crecimiento y refugia al capital nacional en la informalidad.

Estado actual: La Cámara de Diputados ya aprobó la abrogación de la ley en primera instancia, impulsada por movilizaciones de sectores indígenas y campesinos del occidente.

El vicepresidente Edmand Lara reconoció que la ley careció de socialización adecuada y no cumplió con el procedimiento de consulta previa exigido por la Constitución.
Lara advirtió que si el Senado rechaza la ley, esta será archivada conforme al procedimiento legislativo, dejando al sector productivo en un limbo normativo.

Los números: La brecha política también es geográfica y tiene sustento en la distribución de la propiedad agraria.

Santa Cruz concentra el 37% de la pequeña propiedad y el 44.6% de la mediana propiedad de todo el país, según datos del economista Christian Aramayo.
Alcides Córdova, presidente de Concabol, advirtió que anular la ley afectaría de manera directa al 90% de los productores cañeros, quienes son pequeños agricultores.

Qué dicen: Las posiciones sobre la norma reflejan visiones contrapuestas sobre el desarrollo agrario.

“Bolivia sufre de una trampa de la hegemonía rural, donde el sistema electoral otorga un poder de veto desproporcionado a sindicatos agrarios sobre la mayoría urbana y productiva”, señaló el analista Javier Limpias.
“La ley favorece a todo el país y busca sacar de la pobreza al campesinado”, afirmó el senador Branko Marinkovic, quien denunció maniobras políticas en la Comisión de Tierra y Territorio.
“La norma contraviene el artículo 394 de la Constitución, que establece que la clasificación de la propiedad debe responder a criterios objetivos de extensión y tipo de producción”, sostuvo Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra.

Sí, pero: La Fundación Tierra argumenta que la ley vulnera principios constitucionales al suspender la verificación de la Función Económica y Social durante 10 años para las propiedades convertidas.

Según Vadillo, este vacío legal incentiva el uso especulativo del suelo, permitiendo que propietarios esperen mejores precios de venta en lugar de invertir en producción real.

Entre líneas: El conflicto revela que bajo el modelo de capitalismo de Estado, el Gobierno central utiliza el control de la tierra como herramienta de control social, prefiriendo mantener al productor en la subsistencia para asegurar lealtad electoral.

Según Limpias, cualquier intento de otorgar autonomía económica al campesino a través del crédito privado es bloqueado por el aparato político para no perder su capacidad de tutela.

La conclusión: Bolivia no podrá sanear sus finanzas ni atraer inversiones mientras mantenga un diseño de poder que prioriza el control social sobre la eficiencia económica. Mientras el país que produce siga separado del aparato que decide, la crisis económica persistirá como consecuencia de su propia arquitectura de poder.