Desalojo de avasalladores en anteriores operativos. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Unos 20 funcionarios del INRA gestionan 36 millones de hectáreas en Santa Cruz

Lo esencial: El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz opera con apenas 20 funcionarios para gestionar 36 millones de hectáreas, reveló Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Por qué importa: La desproporción entre personal y territorio explica la incapacidad institucional para controlar los avasallamientos y administrar la tierra en el departamento más productivo del país.

  • El Gobierno ya intervino las oficinas del INRA en Santa Cruz tras detectar tráfico de tierras y duplicación de títulos, lo que confirma el colapso operativo de la entidad.

Los números: Las cifras revelan la magnitud del problema de tierras en Santa Cruz.

  • El 80% de los avasallamientos departamentales se concentra en la provincia Guarayos.
  • La CAO entregó a la Comisión Agraria Departamental un registro de 90.000 hectáreas y 72 predios avasallados.
  • El INRA tiene 145 solicitudes registradas relacionadas con avasallamientos en el departamento.

Qué dicen: Los actores involucrados expusieron sus posiciones sobre la crisis institucional.

  • “Quiero que sepa toda la población, solamente el INRA en Santa Cruz quedó con 20 funcionarios. Santa Cruz tiene 36 millones de hectáreas y 20 funcionarios no van a poder manejar 36 millones de hectáreas”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO.
  • “Dentro de las irregularidades que hemos detectado en el INRA tenemos tráfico de tierra y duplicación de títulos”, advirtió la exviceministra de Autonomías, Andrea Barrientos.

Qué sigue: El Gobierno anunció el cambio de todas las autoridades del INRA en Santa Cruz y el inicio de una auditoría a los títulos emitidos. La Comisión Agraria Departamental sesionó después de 20 años de inactividad.

Sí, pero: El Gobierno reconoció limitaciones operativas: cuando los predios ya están titulados, el INRA no tiene competencia y la responsabilidad recae en el Ministerio Público, el Tribunal Agroambiental y la Policía Boliviana.

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