Lo esencial: El modelo “50/50” dejó de ser una promesa política y se convirtió en uno de los principales focos de tensión social y territorial del país, con paros, marchas y bloqueos mientras el Gobierno avanza con mesas técnicas para aplicar la reforma desde 2026.

Por qué importa: El debate ya no ocurre únicamente en el plano técnico; se ha convertido en una prueba de gobernabilidad y en el centro de una disputa sobre cómo redistribuir recursos, competencias y poder en Bolivia.

Con apenas dos gobernaciones alineadas políticamente al Ejecutivo, el gobierno de Paz enfrenta un mapa territorial fragmentado donde cada negociación regional puede escalar rápidamente a un conflicto nacional.

¿Qué es el 50/50?: Es una propuesta de la campaña electoral de Rodrigo Paz para que el dinero del Estado se reparta a la mitad: el 50% se queda en el Gobierno de La Paz y el otro 50% se manda a los departamentos, las ciudades y las universidades, para que ellos decidan en qué usarlo.

En vez de que todo se maneje desde el centro, cada región podría decidir más sobre hospitales, escuelas, carreteras y proyectos, con menos papel del Gobierno nacional y más poder local, al menos discursivamente.

La polémica: En los hechos, no está claro qué recursos abarcará el 50/50 ni cómo se cubrirán obligaciones estructurales del Estado, lo que ha generado inquietud incluso entre sectores que respaldan la descentralización.

No se ha precisado si incluirá coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías o la totalidad del Presupuesto General del Estado.
Tampoco se ha explicado cómo el Tesoro General cubrirá la deuda externa, subvenciones, defensa, programas sociales y transferencias condicionadas.
No existe hoja de ruta normativa, estudio actuarial ni análisis de impacto en el déficit fiscal.

El dilema: Bolivia arrastra un modelo autonómico políticamente fuerte, pero fiscalmente incompleto, donde las competencias transferidas no siempre estuvieron acompañadas de recursos suficientes ni reglas claras de corresponsabilidad.

Entre las interrogantes técnicas están si requiere reforma constitucional, si se aplicará vía pacto fiscal o ley ordinaria, si habrá transición gradual y si existirá corresponsabilidad fiscal obligatoria.
El 50/50 podría convertirse en la reforma descentralizadora más profunda de las últimas décadas o en un experimento riesgoso sin blindaje macroeconómico.

Estado actual: Sectores afines al evismo han incluido entre sus demandas la concreción del 50/50, mientras que otros embanderan el rechazo.

Gobiernos autónomos departamentales, alcaldías y universidades públicas empezaron a utilizar el 50/50 como carta de negociación para exigir más recursos y autonomía real sobre presupuestos, proyectos y competencias.
La demanda estuvo mucho más latente este fin de semana durante el Gran Encuentro Nacional de Cochabamba.
El magisterio nacional convocó paros de 24 y 48 horas esta semana, advirtiendo que una descentralización acelerada podría trasladar responsabilidades sin garantizar financiamiento suficiente ni estándares mínimos nacionales.

El panorama regional: Las demandas varían según el territorio y sus prioridades históricas.

En Santa Cruz y Tarija, el 50/50 es una bandera autonómica ligada al reclamo por mayor control del gasto, las regalías y participación en decisiones sobre gas y proyectos estratégicos.
En Potosí, la demanda mantiene la lógica de “aporte versus retorno”, especialmente alrededor de la minería y los beneficios directos para las regiones productoras.
Beni, Pando, Oruro y Chuquisaca intensificaron la presión con reclamos vinculados a carreteras, servicios básicos, integración vial y proyectos productivos.
En Cochabamba, considerada región bisagra por su peso político y logístico, el debate gira en torno a la gestión urbana, conectividad y redistribución equilibrada de recursos.

El trasfondo: Gobernaciones, alcaldías y universidades impulsan un paquete más amplio que incluye autonomía financiera, redistribución de competencias, reforma del pacto fiscal y mayor participación en la gestión de recursos naturales.

Las regiones reclaman poder decidir cómo gastar su parte de los recursos y exigen atribuciones más amplias en salud, educación, desarrollo productivo y seguridad, reduciendo la dependencia histórica del nivel central.

Sí, pero: El avance técnico del proyecto abrió nuevas dudas sobre la capacidad institucional de muchos gobiernos subnacionales para manejar incrementos bruscos de recursos sin riesgos de ineficiencia, desigualdad territorial o corrupción.

Analistas advierten que el 50/50 podría terminar descentralizando también la crisis fiscal si no se establecen sistemas nacionales de control, transparencia y coordinación entre regiones.
Sectores críticos alertan que el proceso podría profundizar desigualdades entre regiones con distinta capacidad administrativa y recaudatoria.

Entre líneas: El llamado pacto fiscal —que involucra coparticipación tributaria, IDH, regalías e incluso posibles impuestos compartidos— se convirtió en el verdadero debate de fondo.

Para las regiones, representa la oportunidad de redefinir la relación con el Estado central; para sectores críticos, existe el riesgo de fragmentar aún más la capacidad financiera del país en medio de desaceleración económica y conflictividad social.

La conclusión: El Ejecutivo sostiene que la propuesta busca corregir décadas de centralismo fiscal, con el nivel central asumiendo un rol más regulador y coordinador mientras gobernaciones y municipios administran directamente recursos de salud, educación e infraestructura.