El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la abrogación de la Ley 1720 y anunció el inicio de un proceso para construir una nueva normativa nacional sobre tierras basada en consensos con todos los sectores.
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, aceptando las modificaciones del Senado, y remitió el proyecto al Ejecutivo para su promulgación.
La crisis social en La Paz escaló este miércoles con gasificaciones a maestros, saqueos a camiones de alimentos, 23 puntos de bloqueo activos y un niño mutilado por la explosión de un petardo en El Alto.
Tras la abrogación de la Ley 1720 en el Senado, el Comité Pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente exigen al Gobierno el levantamiento inmediato de los bloqueos, mientras la Policía anuncia operativos para intervenir los puntos de corte en carreteras.
El conflicto social en torno a la Ley 1720 y su posterior abrogación profundiza la incertidumbre jurídica en Bolivia, amenazando con paralizar proyectos de inversión en el sector agropecuario que el Gobierno de Rodrigo Paz considera estratégico.
La Central Obrera Boliviana enfrenta un creciente cuestionamiento sobre si aún representa a los trabajadores o se convirtió en un actor político que profundiza la crisis económica, mientras sus bloqueos y paros paralizan el país en mayo de 2026.
YPFB señala al Decreto Supremo 3992, aprobado en 2019 durante el gobierno de Evo Morales, como una de las causas estructurales de la crisis de gasolina adulterada que ha paralizado a miles de vehículos en Bolivia a inicios de 2026.
El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo Código Minero que otorgará estabilidad tributaria por 20 años, eliminará la alícuota adicional del 12,5% sobre utilidades extraordinarias y concentrará más poder en la AJAM para adjudicar contratos.
La Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, en su estación en grande, el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de conversión y reconversión de tierras, con 20 votos a favor de un total de 32 senadores presentes.
El Gobierno cerró la crisis de los carburantes de 2026 descartando la tesis del sabotaje político y atribuyendo la contaminación de combustibles a fallas estructurales acumuladas durante años en YPFB, según el informe final presentado el 11 de mayo por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.