Lo esencial: El tratamiento del proyecto de ley (PL) número 425/2025-2026, “Ley de modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026 (PGE 2026)”, de aproximadamente Bs 390.000 millones, fue postergado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, manteniendo al país operando con el presupuesto heredado de la gestión anterior.

Por qué importa: Según el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa del PGE, sin aprobación legislativa las modificaciones en inversión pública, gasto corriente y metas fiscales no pueden entrar en vigencia, lo que genera una brecha entre la planificación económica del Ejecutivo y el marco legal vigente.

Gobernaciones, municipios y universidades públicas enfrentan incertidumbre porque dependen de transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) que no pueden actualizarse mientras el proyecto permanezca en comisión.

Posibles efectos: El economista Gonzalo Chávez advierte sobre posibles efectos como recesión, inflación elevada, déficit persistente y vulnerabilidad energética.

El economista Fernando Romero advierte sobre riesgos que podrían afectar la implementación del PGE, como la escasez de divisas y la dependencia del sector hidrocarburífero.
El analista Mauricio Ríos lo calificó como “gradualista” para enfrentar la crisis económica, señalando que las cifras reflejan recesión, déficit fiscal elevado e inflación creciente. Además, advirtió que el Gobierno continúa apostando por un modelo basado en gasto público sin ajustes estructurales.
El diputado José Luis Porcel de la bancada Libre ha advertido que si el documento no es sancionado a la brevedad, corre el riesgo de suspenderse hasta agosto debido al receso parlamentario, poniendo en jaque el manejo financiero de la gestión en curso.

Los hechos: El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el 21 de abril de 2026 y contempla ajustes estructurales que aún no tienen efecto legal.

Reorientación del gasto hacia salud, educación y seguridad.
Reducción del gasto administrativo en aproximadamente Bs 4.100 millones, principalmente en viáticos, viajes y publicidad.
Revisión de proyectos de inversión pública considerados inviables por alrededor de Bs 4.800 millones.

Los números: El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha señalado que el objetivo es reducir el déficit fiscal desde niveles cercanos al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia aproximadamente 9%, aunque estas metas no tienen carácter vinculante mientras el proyecto no sea aprobado.

El PGE Reformulado 2026 del Gobierno llega a Bs 391.816 millones, superior a los Bs 377.836 millones, establecido en el PGE 2026 dejado por el expresidente Luis Arce.

Qué dicen: El debate ha generado acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre las responsabilidades del retraso.

“Esto debería haberse tratado a principios de mayo. Estábamos esperando más de cuatro semanas”, señaló el ministro Espinoza.
“El retraso se debe exclusivamente al ministro, y lo puedo demostrar con documentos”, afirmó el diputado José Luis Porcel.
“Ese presupuesto ya está desfasado y no refleja la realidad de la economía boliviana tras las consecuencias de los recientes conflictos sociales y bloqueos”, acotó Porcel.

Contexto: La sesión del 16 de junio del tratamiento del PGE Reformulado en la Comisión de Planificación fue reprogramada en un contexto de retrasos atribuidos a la dinámica de la comisión y la llegada tardía del ministro, según reportes legislativos.

La agenda legislativa también incluye el paquete de leyes estructurales anunciado por el Ejecutivo en mayo de 2026 en Cochabamba.

Qué sigue: El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, aseguró que la norma será tratada “a más tardar la siguiente semana”, aunque reconoció la alta carga legislativa.

Sin embargo, el calendario político añade presión, el receso parlamentario de medio año está previsto para mediados de julio, lo que podría postergar nuevamente el tratamiento si no se aprueba en las próximas semanas.