Dirigentes cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico ingresaron el 25 de mayo a las instalaciones de la 9ª División del Ejército en Villa Tunari para realizar una “inspección” no autorizada, buscando supuestos agentes de la DEA.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió la Resolución Constitucional N.º 149/2026, que ordena el levantamiento inmediato de todos los bloqueos absolutos en carreteras, caminos, puentes y rutas estratégicas del país.
Los bloqueos carreteros que superan las cuatro semanas en Bolivia provocan una crisis de abastecimiento que golpea a hogares, hospitales, mercados, productores y empresas, con pérdidas que sectores empresariales calculan en cientos de millones de bolivianos por día.
El Senado aprobó la abrogación de la “Ley Copa” (Ley 1341 de Estados de Excepción), eliminando restricciones legales que impedían al presidente Rodrigo Paz aplicar de manera efectiva un estado de excepción en el actual contexto de bloqueos y crisis de abastecimiento.
La Fiscalía General del Estado exigió a la Policía Boliviana un informe sobre por qué no se ejecutó la orden de aprehensión contra Evo Morales, emitida el 11 de mayo por un caso de trata agravada de personas, evidenciando la incapacidad del Estado para capturar al expresidente.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga planteó formalmente al gobierno de Rodrigo Paz la aplicación del Estatuto de Roma, argumentando que los 22 días de bloqueos que aíslan a La Paz y El Alto configuran el delito internacional de “exterminio”.
La crisis diplomática entre Bolivia y Colombia, detonada por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una “insurrección popular” en Bolivia, generó expulsiones recíprocas de embajadores y un balance político donde Petro, Rodrigo Paz y Evo Morales obtienen ganancias simbólicas pero enfrentan costos estructurales.
La Fiscalía de La Paz liberó a 101 personas detenidas durante los disturbios del 18 de mayo, mientras 29 siguen aprehendidas con imputación formal y el dirigente de la COB Mario Argollo permanece con orden de detención.
El Gobierno de Rodrigo Paz abandonó su discurso de línea dura contra los sectores movilizados y ahora prioriza el diálogo para desactivar los bloqueos que afectan a seis departamentos del país.
El Gobierno de Rodrigo Paz analiza crear un “ministerio para sectores sociales” como nueva estrategia para contener la crisis, mientras los acuerdos firmados en 72 horas con distintos sectores no logran frenar la escalada de conflictividad.