La reactivación del Proyecto de Ley 453/2024 propone crear un “Impuesto Consolidado al Oro” del 4,8% aplicado a la comercialización, mientras las cooperativas auríferas exigen archivar la norma y advierten con movilizaciones.
La presión por tener el “cuerpo ideal” para Carnaval ha convertido medicamentos que requieren control médico en un experimento de alto riesgo, especialmente cuando se mezclan con alcohol.
Al menos cuatro indicadores técnicos generan serias dudas sobre la calidad del modelo vigente desde 2010 conocido como Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez.
El Gobierno de Bolivia busca aprovechar la tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo crudo para incrementar su importación, con el objetivo de elevar la operatividad de las refinerías estatales desde su actual 30% hasta un 80% de su capacidad instalada
La empresa brasileña Petrobras pierde terreno en su pulseta por la exploración y explotación del área protegida de Tariquía (Tarija) al habérsele caído una demanda contra 17 activistas, un caso que expone la fragilidad institucional que rodea la exploración del pozo Domo Oso X3
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que este miércoles dará “buenas noticias”, las cuales podrían incluir alivios tributarios y medidas contra la inflación, mientras la población boliviana espera soluciones más estructurales a la crisis económica actual.
Cuba no perdió sus aviones, pero sus aeropuertos se quedaron sin combustible Jet A-1 desde el 10 de febrero hasta al menos el 11 de marzo de 2026, lo que en la práctica apaga vuelos domésticos e internacionales en un país que vive de la conectividad y el turismo.
El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, formalizó en enero de 2026 el retorno de la DEA a Bolivia tras casi dos décadas de ausencia.
La ferrovía Montero-Bulo Bulo, inaugurada por Evo Morales en septiembre de 2013 con meta de conclusión para septiembre de 2015, continúa inconclusa 11 años después, generando sobrecostos de 50 dólares por tonelada en el transporte de urea para YPFB.
El Gobierno firmó convenios con seis universidades públicas y privadas para habilitarlas como Entidades de Registro Oficial de Ciudadanía Digital, buscando alcanzar 500.000 estudiantes inicialmente y proyectar hasta un millón de registros a mitad de año.