Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5600, que abroga 161 decretos que permitían contrataciones directas sin licitación por más de Bs 7.930 millones y $us 96 millones acumulados en casi dos décadas.

Por qué importa: La medida obliga en adelante a todas las entidades públicas a realizar licitaciones competitivas y fiscalizadas, cerrando el mecanismo de adjudicaciones “a dedo” hacia el futuro.

También se ordenó una auditoría integral de todos los procesos realizados bajo este esquema durante las gestiones presienciales de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, abriendo la puerta a establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales.

El sistema de los “cheques en blanco”: De los 161 decretos anulados, 105 no establecían límites presupuestarios, funcionando como instrumentos para adjudicaciones discrecionales sin topes.

Este patrón permitió direccionar contratos millonarios hacia personas cercanas al poder, evitando controles y limitando la competencia durante casi 20 años.

Siete casos emblemáticos de “cheques en blanco”

Caso 1 — Compra de 702 ambulancias: Durante la gestión de Luis Arce (2021-2023) se autorizó la compra de 702 ambulancias mediante contratación directa, evitando los procesos competitivos del DS 0181.

Se estima una inversión de entre 200 y 300 millones de bolivianos, y actualmente estas compras forman parte de un inventario cuestionado que se considera un caso de gestión ineficiente sin fiscalización previa.

Caso 2 — Hospitales inconclusos en el eje central: Proyectos hospitalarios en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí acumulan una inversión de Bs 4.400 millones sin haber concluido.

El caso más grave corresponde a tres unidades de radioterapia que apenas alcanzan un 14% de avance, dejando a pacientes oncológicos sin tratamiento pese a la millonaria inversión.
Los responsables identificados son las autoridades del Ministerio de Salud y los gobiernos departamentales involucrados durante las gestiones del MAS.

Caso 3 — Hospital Gastroenterológico de Cuarto Nivel (La Paz): Adjudicado directamente por más de Bs 701 millones durante el gobierno de Arce, este hospital debía entregarse en 2023.

Al 6 de abril de 2026, la infraestructura permanece sin funcionar, representando capital público inmovilizado y sin utilidad social, considerado un “cheque en blanco” por la falta de rigor en plazos y condiciones de entrega.

Caso 4 — Museo de Orinoca: Construido con una inversión superior a los 8 millones de dólares para albergar los regalos del expresidente Evo Morales, este museo se encuentra actualmente abandonado y sin visitantes.

Es el símbolo paradigmático del gasto discrecional sin retorno social, donde la irregularidad reside en el uso de recursos públicos para fines de culto a la personalidad sin impacto público real.

Caso 5 — Aeropuerto de San Ignacio: Este proyecto de infraestructura aeroportuaria, financiado bajo decretos de contratación directa, no ha logrado consolidar operaciones comerciales regulares.

La obra se encuentra deteriorada y sin utilidad operativa, reflejando un patrón de inversión sin estudios de factibilidad adecuados, facilitado por la ausencia de procesos de licitación que cuestionaran la viabilidad del proyecto.

Caso 6 — El sistema de los Bs 7.930 millones: Este caso abarca el conjunto de decretos que permitieron el movimiento masivo de recursos sin fiscalización durante dos décadas.

Al haber operado sin topes presupuestarios en 105 de las normas, se facilitó un esquema donde bastaba la cercanía política para acceder a contratos millonarios.
La responsabilidad recae de forma transversal en los niveles ejecutivos que firmaron dichas normas desde 2006 hasta 2025.

Caso 7 — Gasto de $us 29 millones en “eventos ideológicos”: El ministro José Luis Lupo denunció que durante la gestión de Luis Arce se destinaron 29 millones de dólares a actividades de promoción política catalogadas como “eventos ideológicos”.

Estas contrataciones directas carecían de una utilidad pública definida y ya se han anunciado procesos de responsabilidad penal contra los responsables por malversación de fondos públicos.

Qué dicen: Las posturas sobre el decreto están divididas entre quienes lo consideran una medida anticorrupción histórica y quienes advierten riesgos de paralización.

“Estamos terminando con un sistema que permitió contratar sin control durante casi 20 años. El DS 5600 es una decisión política para cerrar la puerta a la corrupción”, afirmó Rodrigo Paz Pereira, presidente.
“Identificamos 161 decretos que funcionaban como verdaderos cheques en blanco… eran instrumentos para robarle al pueblo boliviano”, declaró José Luis Lupo, ministro de la Presidencia.
“Este decreto puede terminar generando más problemas que soluciones. Hay indicios de inconstitucionalidad y riesgos de paralizar la gestión pública”, advirtió el expresidente Carlos Mesa Gisbert desde la oposición.

Sí, pero: La oposición y sectores sindicales cuestionan la medida por sus potenciales efectos colaterales.

“No se puede gobernar con medidas improvisadas. Eliminar de golpe todas las contrataciones directas puede afectar proyectos urgentes”, señaló Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
“Sin mecanismos ágiles de contratación, muchas obras pueden quedar paralizadas. El problema no es la herramienta, sino el uso que se le dio”, indicó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB.

Qué sigue: Los ministerios tienen hasta el 16 de mayo de 2026 (30 días hábiles) para realizar el relevamiento obligatorio de información e identificar responsables de posibles actos de corrupción.

Se espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las siglas Comunidad Ciudadana y Creemos.