La marcha de sectores afines a Evo Morales llegó este domingo a El Alto y se prepara para ingresar este lunes a La Paz junto a la COB, tras más de dos semanas de protestas y bloqueos que mantienen al país paralizado.
El Gobierno adelantó para el 13 de mayo el desembolso de recursos del IDH y regalías departamentales a gobernaciones, municipios y universidades públicas, en medio de bloqueos y conflictos sociales.
Tampa Cargo, del grupo Avianca, iniciará en junio vuelos exploratorios de carga hacia Bolivia en la ruta Miami–Bogotá–Santa Cruz–Santiago, como resultado de la política de cielos abiertos del Gobierno.
El Gobierno boliviano propone incorporar a millones de trabajadores informales al Sistema Integral de Pensiones mediante mecanismos flexibles de aporte, ante el riesgo de una crisis jubilatoria por la alta informalidad laboral del país.
El Gobierno de Rodrigo Paz desplegó 3.500 efectivos militares y policiales el 16 de mayo para abrir un “Corredor Humanitario” hacia La Paz y El Alto, en medio de bloqueos que evolucionaron de demandas sectoriales a exigir la renuncia presidencial.
Un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras de acceso a La Paz derivó en violentos enfrentamientos en El Alto la madrugada de este sábado, con gasificaciones, aprehensiones y denuncias de agresiones.
Bolivia enfrenta su mayor crisis desde 2019 con 26 puntos de bloqueo, marchas hacia La Paz y pedidos de renuncia presidencial, mientras la Justicia ratifica una orden de aprehensión contra Evo Morales por trata agravada de personas.
El recrudecimiento de los bloqueos de carreteras y las dificultades de abastecimiento en Bolivia han puesto en debate la posibilidad de declarar un estado de excepción, con sectores políticos, religiosos y sociales divididos entre quienes exigen medidas extraordinarias y quienes advierten riesgos democráticos.
La crisis de diésel en Santa Cruz expone una fragilidad energética estructural en Bolivia, donde el país importa entre el 85% y 90% del combustible que consume mientras la producción de gas cayó 56% entre 2015 y 2025.
La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió una acción popular y ordenó levantar los bloqueos que afectan derechos fundamentales como la salud, alimentación y libre tránsito en todo el país.