¿Debería Paz declarar el estado de excepción? Por qué sí y por qué no

Lo esencial: El recrudecimiento de los bloqueos de carreteras y las dificultades de abastecimiento en Bolivia han puesto en debate la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz declare un estado de excepción.

• Sectores políticos, religiosos y sociales se hallan divididos entre quienes exigen medidas extraordinarias y quienes advierten riesgos democráticos.

Por qué importa: La decisión afectaría directamente la vida cotidiana de los bolivianos: por un lado, podría restablecer el suministro de alimentos, combustibles y medicinas a las ciudades; por otro, implicaría restricciones a libertades civiles y mayor presencia militar en las calles.

• El debate enfrenta el derecho a la vida y la salud contra el riesgo de una respuesta desproporcionada que podría militarizar el conflicto social.

Estado actual: Bolivia atraviesa movilizaciones y bloqueos que han afectado el traslado de alimentos, combustibles, suministros médicos y pacientes. Diversos actores han tomado posición pública sobre la medida.

• Las Iglesias Evangélicas Unidas interpusieron una Acción Popular ante la justicia para exigir el levantamiento de los bloqueos y el restablecimiento de la libre transitabilidad.
• Legisladores de Alianza Libre, Alianza Unidad y el Partido Demócrata Cristiano instan al Ejecutivo a tomar acciones inmediatas más allá de comunicados oficiales.
• Gremialistas, grupos ciudadanos y la resistencia juvenil paceña también han manifestado públicamente la necesidad de evaluar esta herramienta constitucional.

Qué permite y qué prohíbe: Bajo la Constitución, el estado de excepción es un régimen jurídico extraordinario que el presidente puede declarar en situaciones de conmoción interna, amenaza externa, peligro para la seguridad del Estado o desastre natural.

• Permite mayor intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, restricciones parciales a la libre circulación, operativos de desbloqueo y medidas logísticas urgentes para el abastecimiento.
• Prohíbe suspender derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad; las medidas deben ser proporcionales, necesarias y temporales.

Qué dicen: Actores políticos y sociales han expresado posiciones encontradas sobre la pertinencia de la medida.

• “Creo que ya es prudente, en La Paz, un estado de excepción… La salida ya no es el diálogo”, afirmó el diputado Alejandro Reyes.
• “¿Cuál es la medida pertinente? Es el Estado de Excepción… para que vuelva nuevamente el abastecimiento a las ciudades”, sostuvo el abogado Ramiro Carrillo, patrocinante de las Iglesias Evangélicas Unidas.
• “Considero que el presidente y su gabinete tienen que sentarse a analizar la situación y, si ellos lo ven pertinente, decidir esta medida”, declaró la diputada Cecilia Vargas.

Sí, pero: Los argumentos en contra sostienen que las instituciones aún funcionan y que declarar este estado sería una respuesta desproporcionada que podría derivar en una militarización innecesaria del conflicto.

• Para el Gobierno, la medida podría perjudicarle políticamente si escala las tensiones, genera cuestionamientos internacionales o profundiza la polarización.

Contexto: El actual estado de excepción se distingue del antiguo “estado de sitio”, históricamente ligado a las dictaduras militares bolivianas (1964-1982), cuando se suspendían garantías indiscriminadamente y se perseguía a opositores sin control judicial.

• El estado de excepción moderno, introducido en la Constitución de 2009, mantiene controles legislativos y judiciales estrictos para evitar repetir los abusos del pasado.

Qué sigue: El presidente debe emitir un Decreto Supremo en Consejo de Ministros, y la Asamblea Legislativa tiene 72 horas para aprobarlo o la medida pierde vigencia. En las próximas horas se espera la resolución de la Acción Popular, cuya audiencia debería fijarse en un plazo de 48 horas.