Bolivia cerró agosto de 2026 con reservas internacionales de 4.399 millones de dólares, de los cuales el 82% —equivalente a 24,3 toneladas físicas— estaba concentrado en oro, según el Banco Central de Bolivia (BCB).
La Federación de Maestros Urbanos de La Paz anunció una movilización nacional para el 15 de septiembre contra el anteproyecto de una nueva ley educativa que, según su interpretación, plantea descentralizar y municipalizar la educación fiscal.
Una explosión afectó la tarde de este viernes el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en el municipio de Viacha, La Paz, y dejó dos fallecidos, siete desaparecidos y 59 heridos.
Lo esencial: El diputado José Luis Porcel (Libre) pidió el 4 de septiembre, por nota a la Comisión de Planificación, que se remita toda la documentación del PL 723, para el tratamiento del crédito del FMI por $us 1.900 millones. Por qué importa: El crédito fija por 36 meses metas fiscales, monetarias y de reservas…
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este jueves que la ANH “se va a tener que cerrar” como resultado de la intervención y será reemplazada por una entidad nueva con personal contratado a través de organismos internacionales; la agencia seguirá funcionando hasta que la nueva opere.
El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), anunció este jueves un acuerdo inicial con la alianza Unidad para tramitar el proyecto de reforma parcial de la Constitución que presentó el miércoles junto al diputado Carlos Alarcón, hoy en la Comisión de Constitución del Senado.
La Misión de Alto Nivel de la OEA presentó este jueves ante el Consejo Permanente su informe sobre los 53 días de conflicto en Bolivia: nueve recomendaciones que el Gobierno se comprometió a convertir en políticas de Estado.
La Cámara de Diputados rechazó por unanimidad el informe final de la comisión especial que investigó el caso “Maletas” y ordenó su archivo, al considerar que el documento era insuficiente y no establecía con claridad los hechos investigados.
El Decreto Supremo 5699, publicado el 2 de septiembre, interviene la ANH con una Comisión que dirige el proceso y dispone medidas correctivas de inmediato, facultades que el DS 5697 no dio a la Comisión de YPFB, y habilita a esta última a aplicarlas “en lo que corresponda”.
El Decreto Supremo 5697 dispone la intervención de YPFB por hasta 180 días y crea una Comisión de cinco carteras del Ejecutivo para revisar la cadena de importación y distribución de carburantes.