Bolivia comenzará a aplicar su proyecto Tranca Cero para eliminar requisitos burocráticos en trámites estatales, una política que, sin embargo, ya está consolidada en varios países desde hace tres décadas.
La Semana Santa se consolida como una de las conmemoraciones religiosas más importantes del mundo, destacando por su diversidad de expresiones culturales, rituales y tradiciones que varían según cada país.
Con la sanción en el Senado de la ley que elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Gobierno inicia el desmantelamiento de un sistema tributario que incluirá la supresión de otros tres impuestos:
Un video difundido este martes reveló que las 32 maletas que ingresaron irregularmente al país en noviembre de 2025 fueron trasladadas a un galpón de la empresa Ebose, propiedad del juez Hebert Zeballos Calderón
La Central Obrera Boliviana (COB) presentó su pliego petitorio anual exigiendo un incremento salarial del 20% al básico y al mínimo nacional, y lanzó un ultimátum de 10 días al Gobierno para recibir una respuesta formal
El SERECI de La Paz dejará de emitir duplicados de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción a partir del 2 de abril de 2026, trasladando el trámite a las oficialías de Registro Civil con un incremento en los costos.
El turismo de Semana Santa generará un movimiento económico superior a los 10 millones de dólares en Bolivia, con una proyección de 500 mil viajeros movilizándose dentro y fuera del país durante el feriado.
El Post Lo esencial: Bolivia cayó ante Irak en el partido final del repechaje intercontinental y vio una vez más frustrado su sueño de clasificar a un mundial de fútbol. Esta vez a la versión 2026, asignada a México, Estados Unidos y Canadá. Por qué importa: El país vuelve a la frustración pese a todo…
El Gobierno presentará en los primeros días de abril un Presupuesto Reformulado con modelo de “base cero”, que busca reducir el déficit fiscal en al menos un 30% y reorganizar de manera estructural el gasto público en Bolivia.
Un total de 14 empresas estatales bolivianas continúan operando pese a generar pérdidas promedio de 145 millones de dólares anuales, acumulando un daño económico de más de 1.608 millones de dólares desde su creación hasta la actualidad.