Lo esencial: Tras 20 días de bloqueos en el eje La Paz–El Alto, el movimiento de protesta en Bolivia comienza a fragmentarse. Mientras sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), mineros cooperativistas y los Ponchos Rojos, mantienen el cerco, los productores de coca, vecinos y gremiales empiezan a desmarcarse.

Por qué importa: La fractura interna del bloque movilizado transforma la naturaleza del conflicto. Ya no se trata de una protesta homogénea contra el Gobierno, sino de un escenario donde la presión callejera compite con el desgaste económico y el rechazo ciudadano desde las propias bases urbanas afectadas.

El resultado es un equilibrio inestable que definirá no solo quién sostiene la protesta, sino quién empieza a desmontarla desde dentro.

Los que sostienen el cerco: El núcleo duro de la protesta permanece activo en el occidente del país, articulando demandas económicas con exigencias políticas.

La Central Obrera Boliviana (COB) continúa como principal articulador, amenaza con presencia de movilizaciones urbanas y demandas que incluyen medidas económicas y, en algunos sectores, la renuncia del mandatario.
El magisterio urbano y el rural mantienen medidas de presión vinculadas a demandas salariales y condiciones laborales, participando en bloqueos coordinados.
Organizaciones campesinas e indígenas, incluidas estructuras afines a Evo Morales, continúan en emergencia exigiendo la renuncia de Paz luego de protagonizar marchas de largo alcance hacia la Sede de Gobierno.
Mineros cooperativistas mantienen sus demandas, amenazando con la presencia de episodios de alta tensión, incluyendo el uso de dinamita en protestas en el centro paceño.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), permanece en los bloqueos exigiendo la renuncia de Paz.

Las fracturas internas: Varios sectores han comenzado a tomar distancia del conflicto por decisión orgánica, presión interna o desgaste económico.

La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz instruyó el levantamiento inmediato de bloqueos en zonas de Coroico para evitar perjuicios a la economía local.
Vecinos de Villa Adela, Ciudad Satélite y Mercedario en El Alto se organizaron en grupos de vigilancia ante amenazas de saqueos, rechazando los bloqueos.
Parte del sector gremial rechazó sumarse al paro, calificándolo como una medida “política” que afecta su economía diaria.
En departamentos como Pando, Beni y Tarija, la conflictividad es mucho menor o inexistente.
El Gobierno dice haber suscrito acuerdos con más de 20 sectores y menciona el magisterio urbano, juntas vecinales de El Alto, transporte y cooperativas mineras.

El impacto urbano: La acumulación de puntos de bloqueo ha generado consecuencias directas en la vida cotidiana de La Paz y El Alto.

Se reportan múltiples cortes en rutas clave del departamento de La Paz y bloqueos intermitentes en la autopista La Paz–El Alto.
El acceso al aeropuerto ha sido afectado, obligando a pasajeros a caminar kilómetros.
Escasean los combustibles y alimentos en mercados paceños, con filas en surtidores como parte del paisaje cotidiano.

Qué dicen: Las posiciones de los actores políticos reflejan la polarización del conflicto.

“No voy a dialogar con vándalos. Hay normas constitucionales que vamos a cumplir”, afirmó el presidente Rodrigo Paz, sosteniendo que el Ejecutivo mantiene apertura solo con actores que “respetan la democracia”, en referencia a los enfrentamientos, destrozos y saqueos impulsado por manifestantes el pasado lunes en La Paz.
“La única forma de resolver en este momento es convocar en 90 días a elecciones”, planteó el expresidente Evo Morales como salida a la crisis.
“Villa Adela no está de acuerdo con estos bloqueos ni saqueos”, señaló una dirigente vecinal de El Alto, evidenciando el quiebre en zonas urbanas.
Vecinos y dirigentes del distrito 7 de El Alto anunciaron que no terminarán con los bloqueos hasta la renuncia del presidente y amenazan con otras medidas.

La contramovilización: En paralelo a los bloqueos, han surgido movilizaciones ciudadanas en sentido contrario en La Paz, Tarija y Sucre, en defensa de la democracia y el orden institucional.

El Comité Pro Santa Cruz anunció una “gran marcha por la democracia”, posicionándose abiertamente contra los bloqueos y respaldando el accionar del Gobierno.

Entre líneas: El conflicto ha dejado de ser una confrontación simple entre Gobierno y protestas para convertirse en una disputa múltiple, por legitimidad política, por el control del relato público y por el consenso dentro del propio movimiento movilizado.

La aparición de dos movilizaciones paralelas —ambas reclamando legitimidad democrática, pero con narrativas opuestas— configura un escenario inédito en la crisis boliviana.
Este miércoles, luego de la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Paz sectores movilizados de El Alto, mantuvieron los puntos de bloqueo y anunciaron que radicalizarán las medidas de presión y no acudirán a “ningún tipo de diálogo hasta que renuncie”.
El canciller, Fernando Aramayo, informó que el Gobierno suscribió cerca de 20 acuerdos con los sectores movilizados y ratifica que la convocatoria al diálogo está abierta de forma permanente para resolver demandas y problemas.

Contexto: El conflicto que afronta el Gobierno comenzó a principios de mes con protestas sectoriales por demandas salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a la Ley 1720 (una reforma de tierras), pero escaló hasta convertirse en una crisis política con pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses.

Movilizaciones ligadas a Evo: El Gobierno responsabilizó a Morales de promover y financiar la escalada de conflictos sociales que atraviesa Bolivia desde hace un par de semanas.

En ese marco, Morales negó que su organización política esté impulsando la renuncia de Paz y afirmó que las movilizaciones buscan que el Gobierno atienda las demandas sociales.

La conclusión: El cerco en La Paz aún existe, pero ya no representa una unidad sólida ni un consenso social amplio. La conflictividad no ha desaparecido, pero ha entrado en una fase de reconfiguración donde conviven presión, negociación, rechazo y repliegue simultáneamente.