La imputación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por presunta legitimación de ganancias ilícitas expone cómo operan los mecanismos de lavado de dinero en Bolivia, donde empresas, créditos bancarios y alta informalidad convergen con el poder político.
El Gobierno boliviano anunció un paquete de medidas de seguridad y creó el Grupo Especial Táctico de Lucha contra el Crimen Organizado tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure y una nueva ejecución en Santa Cruz este sábado.
El gobierno de Rodrigo Paz descartó cualquier incremento salarial este 1 de mayo, declarando al país en “quiebra técnica”, mientras la COB respondió convocando a un paro general indefinido desde el 2 de mayo y exigiendo la renuncia del Ejecutivo.
Víctor Hugo Claure Hinojosa, decano del Tribunal Agroambiental, fue asesinado la noche del 30 de abril de 2026 en Santa Cruz, en un atentado con características de sicariato que evidencia la vulnerabilidad de la alta magistratura boliviana.
El consumo de cemento en Bolivia se desplomó un 33,5% en febrero de 2026, alcanzando apenas 201.019 toneladas, mientras el acumulado del primer bimestre registra una contracción del 27,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.
La Fiscalía de La Paz investiga a la exministra Patricia Ballivián Estenssoro por presuntas irregularidades en la construcción de una planta de cemento en Potosí, un proyecto estatal que nunca logró operar plenamente.
A 20 años de la nacionalización de los hidrocarburos mediante el Decreto Supremo 28701, Bolivia enfrenta la declinación de sus reservas de gas y está en camino de pasar de exportador a importador neto de gas natural.
La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se miden este viernes 1 de mayo en una pulseta política marcada por la ausencia de acuerdo salarial, un cabildo laboral sin aval del TSE y un ultimátum de los trabajadores.
El Tribunal Constitucional Plurinacional opera con solo cuatro magistrados de los nueve que debería tener, mientras más de 18.000 causas permanecen sin resolver y las máximas autoridades judiciales exigen a la Asamblea Legislativa convocar elecciones judiciales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores redujo casi un 20% su personal en el exterior —de 357 a 285 ítems— y saldó una deuda de 2,3 millones de dólares, generando un ahorro anual de 1,1 millones de dólares.