La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) retomó este sábado el control del retén antidroga El Castillo, en Villa Tunari, luego de que representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) firmaron un acta de cuatro compromisos.
El Gobierno nacional y el Comité Cívico Pro Santa Cruz acordaron este sábado coordinar con la Policía Boliviana el seguimiento a las sanciones contra grupos que avasallan predios productivos en el departamento.
El economista Ramiro Cavero sostiene que la unificación cambiaria oficializada el 26 de junio, que fijó el dólar oficial en Bs 9,73, traerá beneficios de fondo a la economía, pero enfrentará fuertes presiones si el Banco Central no consigue las divisas para sostenerla.
El economista Germán Molina advirtió que cerrar empresas públicas estatales de manera inmediata profundizará la recesión económica boliviana, agravada tras 53 días de bloqueos de carreteras y conflictos sociales.
El caso Zapatero-SOBOCE sumó este 26 de junio tres novedades: el expresidente Luis Arce negó haber intervenido en el litigio, la defensa de Zapatero pidió excluir el informe policial del proceso en España, y la Magistratura anunció que revisará el caso judicial de la cementera.
A más de 72 horas del levantamiento de los bloqueos, las filas por combustible persisten en distintas regiones del país y crecen los cuestionamientos de transportistas, empresarios y productores a la versión oficial de YPFB sobre las causas de la escasez.
El Ministerio de Economía y el Banco Central oficializaron este 26 de junio el paso a un régimen cambiario flexible. Mediante la RM 245 y la RD 88/2026, el BCB aprobó un nuevo Reglamento de Operaciones Cambiarias que deja sin efecto el de 2013 y dispone que el tipo de cambio oficial se calcule cada día con las operaciones del sistema financiero, en reemplazo del valor fijo de Bs 6,96 vigente desde 2011. El nuevo esquema ya está en vigencia.
La defensa de Sebastián Marset abandonó las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad y adoptó una estrategia orientada a cuestionar la legalidad de su captura y las pruebas obtenidas en Bolivia y Estados Unidos.
Los bloqueos dejaron miles de contenedores bolivianos varados en puertos de Chile y Perú, y las multas por esa sobreestadía las definen las navieras internacionales, no el Gobierno, porque nacen de contratos privados de transporte marítimo.
Tras más de 50 días de bloqueos, legisladores y sectores productivos impulsan una decena de proyectos de ley antibloqueos, mientras el Gobierno enfrenta el compromiso firmado con la COB de no promover normas que “criminalicen la protesta”.