La Cámara de Diputados sesionará de manera virtual este martes a las 11:00 para tratar el proyecto de ley que busca abrogar la “Ley Copa”, en medio de los bloqueos que afectan al país desde hace más de 20 días.
El Senado aprobó en grande este domingo en Sucre, por más de dos tercios de los votos, el proyecto de ley que elimina las trabas para declarar Estado de Excepción en Bolivia.
El operativo “Banderas Blancas” fracasó el sábado en su intento de habilitar corredores humanitarios hacia La Paz y El Alto, con los bloqueos reinstalados inmediatamente tras el paso de los convoyes y el repliegue de las autoridades ante la violencia de los movilizados.
El presidente Rodrigo Paz reestructuró parcialmente su gabinete en medio de una conflictividad extrema, pedidos de renuncia y denuncias de división interna entre sus ministros.
El ministro de Trabajo, Edgar Morales, renunció a su cargo este jueves en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, poniendo su dimisión a disposición del presidente Rodrigo Paz.
El Consejo Permanente de la OEA abordó este miércoles la crisis boliviana y expresó respaldo mayoritario al gobierno de Rodrigo Paz, aunque la sesión concluyó sin resolución vinculante ni mecanismos concretos de intervención.
Los bloqueos de carreteras en Bolivia generaron pérdidas superiores a $us 500 millones, según el IBCE, lo que reactivó la presión de sectores empresariales para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que penalice estas medidas de presión.
El recrudecimiento de los bloqueos de carreteras y las dificultades de abastecimiento en Bolivia han puesto en debate la posibilidad de declarar un estado de excepción, con sectores políticos, religiosos y sociales divididos entre quienes exigen medidas extraordinarias y quienes advierten riesgos democráticos.
El Gobierno cerró la crisis de los carburantes de 2026 descartando la tesis del sabotaje político y atribuyendo la contaminación de combustibles a fallas estructurales acumuladas durante años en YPFB, según el informe final presentado el 11 de mayo por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.
La controversia por la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas para acceder a créditos, expone una fractura entre el sector productivo boliviano y el sistema político que regula las tierras.