Bolivia vivió este lunes una jornada de violencia y bloqueos con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en La Paz, aunque la intensidad disminuyó al final del día mientras el conflicto social y político continúa activo sin señales de resolución.
Cientos de cocaleros del Chapare cercaron e inspeccionaron las instalaciones de la Novena División del Ejército en Villa Tunari este lunes, ante el temor de que se planifique la detención de Evo Morales.
La Policía gasificó este lunes a marchistas de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos que intentaron romper el cerco de seguridad en plaza Murillo, generando enfrentamientos en inmediaciones de la Vicepresidencia.
Bolivia inicia su jornada 25 de conflictos sociales con un giro en el debate nacional: el Legislativo avanza en eliminar las restricciones legales que impiden al Gobierno declarar un estado de excepción.
El Senado aprobó la abrogación de la “Ley Copa” (Ley 1341 de Estados de Excepción), eliminando restricciones legales que impedían al presidente Rodrigo Paz aplicar de manera efectiva un estado de excepción en el actual contexto de bloqueos y crisis de abastecimiento.
Tras el fracaso de los corredores humanitarios del sábado, el Comité pro Santa Cruz exigió al Gobierno restablecer el orden, la COB condicionó el diálogo a la anulación de órdenes de aprehensión, y la Iglesia junto a organismos de derechos humanos pidieron frenar la violencia.
Los corredores humanitarios implementados el sábado fracasaron en estabilizar el abastecimiento hacia La Paz y El Alto, con 59 puntos de bloqueo activos este domingo pese al despliegue de 2,000 efectivos policiales y militares.
El operativo “Banderas Blancas” fracasó el sábado en su intento de habilitar corredores humanitarios hacia La Paz y El Alto, con los bloqueos reinstalados inmediatamente tras el paso de los convoyes y el repliegue de las autoridades ante la violencia de los movilizados.
El operativo del “corredor humanitario” desplegado este sábado para abastecer a La Paz y El Alto logró un abastecimiento parcial, pero dejó un saldo elevado de violencia, destrucción material y una crisis que no logró resolverse.
El Gobierno y el magisterio acordaron la creación del “Bono Gestión de Aula” de Bs 2.400 anuales para desactivar las protestas docentes, mientras el pedido de aumento salarial quedó postergado para una negociación en octubre.