El diputado Alejandro Reyes reconoció este jueves la conversación con Fernando Cerimedo difundida el domingo, y el argentino ya había admitido el miércoles, en una carta, que se trata de una charla real; ambos sostienen que el audio fue alterado.
El Decreto Supremo 5749, firmado el 13 de octubre, habilita al Viceministerio de Transparencia a recibir denuncias con identidad reservada contra fiscales, jueces, policías y funcionarios de Derechos Reales y del TCP que exijan dinero o favores.
El Comité pro Santa Cruz incorporó el martes 13 de octubre la seguridad ciudadana como sexto eje de sus demandas al Gobierno y pidió descentralizar la lucha contra el delito, incluida la creación de una Policía departamental.
La Policía halló Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que salió del condominio donde vive Mariaca la madrugada del 1 de octubre; cinco días después, la Fiscalía encontró $us 391.555 y Bs 328.200 en su casa de Santa Cruz.
La Fiscalía admitió el lunes la denuncia de 47 legisladores de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas y empezó a reunir pruebas para decidir si pide juzgarlos, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tramita un caso contra el Estado por los mismos hechos.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos presentó este domingo el decreto que reglamenta la Ley 1680 y fija un bono mensual de Bs. 660 para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, desde el inicio de la investigación penal.
El fiscal general interino, José Urioste, afirmó el 9 de octubre que existe una alerta de sello rojo contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, buscado por presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset.
El Consejo Supremo de Defensa aprobó el 7 de octubre un anteproyecto de ley para que las Fuerzas Armadas actúen de forma excepcional contra el crimen organizado transnacional, un rol con precedentes en Bolivia desde fines de los años 80.
El 9 de octubre, el abogado Daniel Guevara, defensor de parte de las empresas investigadas, denunció que el Servicio de Salud de Arica incineró toda la madera boliviana retenida, pese a que había una audiencia judicial fijada para el 20 de octubre.
Casi un mes después de que EEUU revocara la visa a 13 bolivianos, tres de ellos siguen presos: el exfiscal general Roger Mariaca y los exfiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta.