Lo esencial: El 9 de octubre, el abogado Daniel Guevara, defensor de parte de las empresas investigadas, denunció que el Servicio de Salud de Arica incineró toda la madera boliviana retenida, pese a que había una audiencia judicial fijada para el 20 de octubre.

Por qué importa: Sin carga, la discusión sobre si la madera fue impregnada deliberadamente o contaminada ya no podrá resolverse con nuevas pericias sobre ella, y el caso se traslada al terreno diplomático.

Llega así a la visita del presidente chileno, José Antonio Kast, la primera de un mandatario de ese país a La Paz en 71 años, con 23 empresas investigadas y nadie acusado formalmente.

Lo que ya se sabe

Hubo nuevas quemas después del 21 de septiembre: el Servicio de Salud reinició la incineración el 28 de septiembre, siguió toda esa semana y la retomó el 5 de octubre.
Carrera anticipó el desenlace: el 1 de octubre confirmó a la comisión del Senado boliviano que los 59 contenedores serían incinerados.
La defensa sí acudió a la justicia chilena, sin éxito: la Corte de Apelaciones de Arica declaró inadmisible su recurso para frenar la quema, y según Carrera, el tribunal tampoco acogió el pedido de suspensión.
Según Emol, las incineraciones se ejecutaron conforme a una orden dictada un mes antes por el Juzgado de Garantía de Arica.

Entre líneas: La disputa ya no es si hay droga, sino cuánta.

Carrera sostiene que los resultados del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile van desde trazas hasta concentraciones superiores al 10%, y que análisis paralelos de la Armada y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico chileno coincidieron. Según Teletrece, más de 400 de los 560 trozos analizados presentaron trazas.
La comisión del Senado boliviano, en su informe preliminar del 6 de octubre, dijo no haber podido constatar la cantidad de cocaína reportada inicialmente. Según la senadora Wanda Medrano, el fiscal les explicó que la cifra de 108 toneladas surge del análisis de un solo contenedor, proyectado al resto.
La propia Fiscalía no descarta que las empresas sean víctimas: Carrera dijo que investiga dos líneas, una operación de narcotráfico o un sabotaje a sus cargas.

Los números

Según datos preliminares del INE, las exportaciones de madera cayeron 60,9% entre mayo y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025, una merma de $us 12,5 millones.
El IBCE estima el daño para los exportadores en $us 15 millones.
El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, calcula que el sector perdió casi 20.000 empleos.
Algunas empresas ya desviaron sus cargas a los puertos de Iquique y Matarani para evitar nuevos decomisos.

Qué dicen

“No existe esa cantidad de cocaína que han mencionado”, dijo el 6 de octubre el senador Nicanor Cochi, presidente de la comisión.
El 8 de octubre, en Santiago, el canciller boliviano Héctor Huanca expresó a su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, la preocupación por las consecuencias de la investigación para los exportadores; Pérez Mackenna se comprometió a canalizar los antecedentes por las vías institucionales.
El cónsul general de Chile en Bolivia, Roberto Ruiz, dijo que el caso se trata por la vía judicial y que ambos gobiernos tienen la madurez para abordarlo con serenidad.
En una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el eurodiputado neerlandés Álvaro Sebastián Kruis, de la Comisión de Comercio Internacional, pidió a la Comisión Europea tratar el caso con Chile en el marco de su acuerdo comercial y afirmó que gran parte de la madera iba a compradores europeos. “Las empresas honestas no deberían ser castigadas”, dijo.

Sí, pero: Carrera atribuye parte del desenlace a la defensa: acusó una pasividad de los abogados, que según él presentaron escritos al tribunal cuando la destrucción ya estaba en marcha, y sostuvo que, sin una orden judicial que la suspenda, el Servicio de Salud actúa con plena legalidad.

Qué sigue

Kast llegará a Bolivia el viernes 16 de octubre, según el comunicado conjunto de ambas cancillerías.
Los dos gobiernos acordaron convocar en los próximos 30 días al Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito, para abordar situaciones que afecten las exportaciones bolivianas por territorio y puertos chilenos.
Según Guevara, el 20 de octubre hay una audiencia judicial prevista en el caso, y la defensa acudirá a instancias nacionales e internacionales por los daños a las empresas.