Lo esencial: La Fiscalía admitió el lunes la denuncia de 47 legisladores de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas y empezó a reunir pruebas para decidir si pide juzgarlos, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tramita un caso contra el Estado por los mismos hechos.

Por qué importa: Las víctimas quedan entre dos procesos con fines distintos: el juicio en Bolivia busca castigar a Morales y García Linera, pero no reparar a las víctimas; la Corte IDH, en cambio, puede ordenar al Estado que repare a las víctimas, pero no castiga a ninguna persona.

Para las víctimas, el juicio de responsabilidades puede significar una condena que hoy no tienen, pero también puede cerrarles la vía penal en Bolivia o condicionar su reparación.

Lo que pueden ganar: En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado fue responsable de la muerte del irlandés Michael Dwyer y de la tortura de cuatro detenidos, pero no señaló culpables.

Una de sus recomendaciones fue investigar y sancionar a los responsables, y el juicio de responsabilidades que promueve Libre es la única vía para hacerlo con un expresidente y un exvicepresidente. La denuncia los acusa de asesinato por las tres muertes del operativo, incluidas las de Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, mientras que el caso ante la Corte IDH solo incluye la de Dwyer.

Lo que pueden perder

Una absolución definitiva. La sentencia del Tribunal Supremo no admite apelación ni otro juicio por los mismos hechos. Es el temor de Alejandro Gelafio Santiesteban, procesado en el caso terrorismo, quien advirtió que la defensa podría invocar el principio non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por lo mismo.
Dos víctimas fuera de la denuncia. La CIDH concluyó que Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza también fueron torturados tras ser detenidos en 2009, pero la denuncia de Libre no los menciona: solo acusa por las torturas de Tadic y Tóásó.
Un caso detenido en la Asamblea. El juicio necesita la autorización de dos tercios de los legisladores, y, según un recuento de El Post, cerca de 20 pedidos de juicio de responsabilidades siguen paralizados allí, entre ellos, en distintos momentos, pedidos contra García Linera. Santiesteban desconfía de ese paso: “¿Quién me garantiza que no va a suceder exactamente lo mismo en un juicio, de paso, político?”, preguntó.
Una condena anulada. El abogado Gary Prado advirtió en agosto que juzgar sin posibilidad de apelación choca con la Convención Americana y puede derivar en la nulidad del juicio.
Una reparación atada a las condenas. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, planteó en agosto que las indemnizaciones sean pagadas principalmente por quienes resulten responsables, aunque la CIDH dirigió esa recomendación al Estado. La disputa es por los montos: en 2024, la familia de Dwyer pedía unos 3,1 millones de euros y Tadic, unos 750.000, cifras que el entonces procurador César Siles calificó de no razonables.

Sí, pero

Una absolución no cierra el caso para siempre si se trata de crímenes de lesa humanidad: la Corte IDH estableció en 2006, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, que pueden reabrirse si aparecen pruebas nuevas. La propia denuncia de Libre admite que esa calificación exige probar un ataque generalizado o sistemático contra civiles.
La CIDH advirtió que, por la gravedad de los hechos, el Estado no puede usar el paso del tiempo ni otras excusas legales para dejar de investigar.
El caso de las víctimas contra el Estado en la Corte IDH sigue por separado del juicio en Bolivia.

Qué dicen

Santiesteban dijo el 9 de octubre que llevar el caso a una instancia nacional “es un retroceso” y pidió a Libre respaldar el reclamo internacional. En noviembre de 2025 había apoyado el juicio de responsabilidades que hoy cuestiona. Su petición ante la CIDH, admitida en 2021, es distinta del caso que está en la Corte IDH, y en 2016 aceptó su culpabilidad en un procedimiento abreviado.
En declaraciones a la prensa, también denunció que la Procuraduría no volvió a convocar a las víctimas desde el 15 de mayo y que algunas enviaron cartas pidiendo una explicación. Acusó al Estado de dilatar el proceso internacional con prórrogas y dijo temer por su vida y la de su familia, porque, según su versión, quienes lo torturaron y encarcelaron siguen libres.
El procurador afirmó en septiembre haberse reunido con víctimas, sin precisar con cuáles, y en agosto informó que la Procuraduría se adhirió a sus denuncias ante la Fiscalía.
El diputado de Libre Rodrigo Antonio Loma acusó el lunes al procurador de no promover la investigación independiente que recomendó la CIDH.
La denuncia de Libre sostiene que el caso ante la Corte IDH no impide el juicio en Bolivia, porque uno juzga al Estado y el otro a personas, y reconoce que la investigación penal y las reparaciones son obligaciones distintas, sin que una reemplace a la otra.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, afirmó el lunes que con este proceso el Estado está “cumpliendo las recomendaciones” de la CIDH y que el caso “a mediano plazo debería estar resuelto”.
Morales atribuye los procesos en su contra a una persecución política.

Qué sigue: La Fiscalía tiene hasta el 23 de noviembre para acusar o archivar el caso. La Corte IDH aún no fija la audiencia del caso contra el Estado, postergada en septiembre; según su ficha, el Estado no presentó respuesta a la demanda.