María René Soruco, primera gobernadora electa de Tarija con el 70,80% de los votos, asume el mando de un departamento que acumula más de diez años en recesión económica, el único en Bolivia con esa condición.
Bolivia está reactivando su conexión al océano Atlántico a través de seis puertos fluviales en el oriente del país, una alternativa estratégica que comienza a redefinir el comercio exterior boliviano tras más de un siglo de enfoque exclusivo en el Pacífico.
La nueva Ley de Hidrocarburos, lista en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, enfrenta el desafío de descongelar los precios que YPFB paga a las operadoras y flexibilizar el régimen impositivo para recuperar la producción de gas y petróleo.
Las exportaciones de derivados de soya de Bolivia alcanzaron 109,4 millones de dólares en el primer bimestre de 2026, un crecimiento del 36% respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Las Reservas Internacionales Netas de Bolivia alcanzaron $us 3.542,9 millones al 31 de marzo de 2026, pero el 95% está en oro y solo el 4% en divisas líquidas, según el Banco Central de Bolivia.
El Decreto Supremo 5605 autoriza al Ministerio de Economía a modificar los fondos de garantía constituidos con utilidades bancarias, lo que reducirá el financiamiento para créditos de vivienda de interés social, según advierte el economista Germán Molina.
Las Reservas Internacionales Netas de Bolivia cayeron 4,6% en el primer trimestre de 2026, situándose en $us 3.542,9 millones tras el pago de obligaciones de deuda externa, según el Banco Central de Bolivia.
La Paz fue designada sede de los Juegos Bolivarianos 2029, con una inversión estimada entre 124 y 130 millones de bolivianos, en un contexto de restricciones fiscales y deuda creciente para Bolivia.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira prepara nuevas leyes de minería e hidrocarburos que sustituirán las normativas actuales para transferir poder económico y de decisión a las regiones, rompiendo el modelo centralista tradicional.
La Ley 1720 permite a pequeños productores hipotecar sus tierras para acceder a créditos bancarios, pero críticos como el investigador Gonzalo Colque denuncian que la norma favorece a empresarios y sectores ya privilegiados del agro.