Ajuste a utilidades bancarias reducirá el financiamiento para vivienda social

Lo esencial: El Decreto Supremo 5605 autoriza al Ministerio de Economía a modificar los fondos de garantía constituidos con utilidades bancarias, lo que reducirá el financiamiento para créditos de vivienda de interés social, según advierte el economista Germán Molina.

Por qué importa: Las familias sin ahorros previos perderán el mecanismo que les permitía acceder a vivienda propia, ya que el fondo de garantía cubría el aporte inicial que el prestatario no poseía.

• Con la nueva disposición, el interesado deberá contar obligatoriamente con recursos propios para la contraparte, lo cual representa una barrera insalvable para muchos bolivianos.

Contexto: Históricamente, los bancos múltiples y pymes destinaban aproximadamente el 6% de sus ganancias anuales para cumplir con la función social de los servicios financieros, facilitando específicamente el acceso a vivienda a familias sin ahorros previos.

• Molina sugiere que el trasfondo de esta reasignación es la profunda falta de liquidez que enfrenta el Tesoro General de la Nación, el cual presenta mayores gastos que ingresos.

El plan: La nueva normativa otorga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la potestad legal para modificar, reorganizar, reasignar e incluso determinar el cierre de los fondos constituidos con las utilidades netas de los bancos.

• Molina prevé que el flujo de recursos proveniente de las utilidades bancarias deje de alimentar los fondos de garantía para ser depositado directamente en las cuentas del Estado para cubrir el presupuesto público.

Los números: El declive en beneficiarios de vivienda social ya es visible en las estadísticas, mientras la mora en este segmento se ha disparado.

Sí, pero: La banca privada ya ha endurecido las condiciones crediticias independientemente del decreto, reduciendo drásticamente los plazos de financiamiento para mitigar riesgos.

• Mientras que originalmente estos créditos se proyectaban a 20 o 30 años, actualmente los bancos han limitado los plazos a tan solo 10 o incluso 5 años en algunos casos.
• Molina ejemplifica que el pago mensual de un departamento de $us 50.000 financiado a solo cinco años requeriría cuotas imposibles de cancelar para la mayoría de los trabajadores.

Entre líneas: El incremento de la mora ha impulsado a la banca a adoptar medidas prudenciales que terminan priorizando la sostenibilidad del sistema sobre la función social, restringiendo el acceso universal a estos servicios.

La conclusión: La desaparición del fondo de garantía para el aporte inicial y el acortamiento de los plazos representan barreras económicas que contradicen los objetivos de eliminar la pobreza y la exclusión financiera, planteando un escenario incierto para el mercado inmobiliario y el bienestar social.