La tierra bajo incertidumbre: el conflicto agrario que enfría la inversión agroindustrial
Lo esencial: El conflicto social en torno a la Ley 1720 y su posterior abrogación profundiza la incertidumbre jurídica en Bolivia, amenazando con paralizar proyectos de inversión en el sector agropecuario que el Gobierno de Rodrigo Paz considera estratégico.
Por qué importa: La inestabilidad institucional generada por aprobar una ley y luego abrogarla por presiones sociales desincentiva la llegada de capitales extranjeros, que buscan permanencia de reglas y seguridad jurídica para operar.
- El sector empresarial advierte que sin un freno a los avasallamientos de tierras será difícil impulsar la aplicación de tecnología o nuevas inversiones en el agro boliviano.
Los números: Las cifras macroeconómicas reflejan el impacto del clima de conflictividad en la economía nacional.
- La inversión extranjera cayó a 140 millones de dólares en 2025, frente a los 240 millones alcanzados en 2024, según el presidente Rodrigo Paz.
- El riesgo país pasó de poco más de 300 puntos a 400 puntos en tan solo una semana, según el economista Germán Molina.
- Existen más de 90.000 hectáreas tomadas ilegalmente en Santa Cruz, según Klaus Frerking, presidente de Confeagro y la CAO.
Qué dicen: Los actores del sector expresan posiciones sobre la crisis y sus consecuencias para el agro.
- “La tierra debe ser una oportunidad de crecimiento y no un techo para el productor”, lamentó Fernando Boehme, presidente de Congabol, advirtiendo que la abrogación reabre un debate estructural sobre cómo financiar y modernizar el agro en un entorno de alta volatilidad política.
- “Los productores no se prestarán a ser utilizados políticamente y la prioridad en este momento es garantizar el libre tránsito y el abastecimiento de alimentos y oxígeno para la población”, manifestó Klaus Frerking.
Entre líneas: El Gobierno mantiene su apuesta por el agro como motor económico y busca la integración con el Mercosur, pero enfrenta la contradicción de que su propia norma fue abrogada por presiones sociales.
- El analista Andrés Gómez Vela cuestionó que la ley eliminara el requisito de demostrar productividad para la conversión de tierras, advirtiendo que postergar la verificación de la función económica social por 10 años podría abrir las puertas al latifundio improductivo.
Qué sigue: El acuerdo entre productores y el Legislativo contempla mesas de consenso departamentales para redactar una nueva ley en un plazo de 60 días, buscando una norma que beneficie a pequeños y medianos productores sin renunciar a las reivindicaciones de seguridad jurídica.
