Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo proyecto de ley minero que otorgará estabilidad tributaria por 20 años, eliminará la alícuota adicional del 12,5% sobre utilidades extraordinarias y concentrará más poder en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para adjudicar contratos.

Por qué importa: El Estado perdería capacidad de capturar ingresos extraordinarios durante épocas de bonanza minera, precisamente cuando los precios internacionales de minerales como oro, plata y litio registran niveles elevados.

Futuros gobiernos quedarían limitados por dos décadas para modificar impuestos o renegociar condiciones frente a cambios económicos o ambientales.

Los cambios clave: La reforma reemplazará la Ley 535 de 2014 y unificará procedimientos y derechos sustantivos en un solo cuerpo legal.

La AJAM centralizará decisiones sobre exploración, explotación y adecuación de antiguos derechos mineros, manejando un volumen mucho mayor de Contratos Administrativos Mineros (CAM).
Se mantiene el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en 25% y las regalías en 5% para regiones productoras.
Obtener un área minera actualmente tarda entre nueve y 15 años; el nuevo código busca agilizar esos trámites.

Nueva Ley Minera de Bolivia: principales cambios

Fuente: Ministerio de Minería · Datos al 12/05/2026

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Cambio	Detalle
Cambios tributarios
Estabilidad tributaria	Por 20 años para inversores extranjeros Nuevo
Alícuota adicional	Anulada — era 12,5% sobre utilidades extraordinarias Eliminada
IUE	Se mantiene en 25% Sin cambio
Regalías	Se mantienen en 5% para las regiones Sin cambio
Ajustes contractuales
Adecuaciones de CAM	Resolución de retrasos en contratos mineros activos
Consolidación de derechos	Formalización de permisos preexistentes
Articulación de inversiones	Vinculada a la nueva ley de inversiones, con incentivos fiscales y no fiscales
Fortalecimiento institucional
Promoción internacional	Campaña activa de litio y tierras raras en mercados externos
Cumbre de Minería	18–20 de mayo — sistematización del proyecto de ley
Presentación legislativa	Prevista para fines de julio
Combate a minería ilegal	Coordinación entre AJAM y fuerzas de seguridad del Estado

Los números: Bolivia exporta actualmente cerca de $us 6.000 millones en minerales, mientras Perú mueve alrededor de $us 50.000 millones y Chile unos $us 65.000 millones anuales.

El Gobierno proyecta captar más de $us 3.000 millones en inversiones durante los próximos cinco años.
Auditorías previas detectaron convenios donde hasta el 95% de las ganancias quedaban en manos empresariales, mientras el Estado y las regiones recibían porcentajes mínimos.

Quién gana, quién pierde: Las compañías extranjeras y grandes operadores privados obtendrán seguridad jurídica, menor presión tributaria y contratos de largo plazo; el Gobierno central apuesta a un ingreso rápido de divisas en medio de la crisis de dólares.

Las regiones mineras y comunidades locales enfrentarán mayor presión extractiva con regalías que se mantienen en apenas 5%, mientras persisten cuestionamientos sobre contaminación y acceso desigual a beneficios económicos.
El Estado cede soberanía tributaria y la posibilidad de captar más dinero si los minerales suben de precio.
Al firmar contratos por 20 años, se reduce la capacidad de maniobra de futuras gestiones gubernamentales sobre la riqueza minera.

El costo ambiental: La propuesta oficial no detalla mecanismos concretos de mitigación ecológica ni fortalecimiento institucional para controlar daños ambientales.

El auge de la minería aurífera ya provocó denuncias por contaminación con mercurio, deforestación en áreas protegidas y afectación de ríos y territorios indígenas.
La expansión hacia el litio y tierras raras podría intensificar el uso de agua, energía y químicos altamente contaminantes en nuevos polos como Cerro Manomó y Rincón del Tigre, ambos en Santa Cruz.

Qué dicen: Las autoridades defienden la apertura como necesidad económica urgente.

“No puede ser que empresas mineras públicas y privadas de Bolivia registren operaciones anuales solamente por $us 6.000 millones. No es lógico, algo está mal”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.
“Bolivia fue, es y será minera. Estamos retornando a un espacio en el cual la minería está jugando un rol muy importante”, sostuvo el ministro de Minería Calderón de la Barca.

Sí, pero: Analistas advierten que la acumulación de competencias en la AJAM puede aumentar la discrecionalidad estatal sobre áreas estratégicas y reducir los controles independientes sobre adjudicaciones y fiscalización ambiental.

El riesgo es que Bolivia flexibilice demasiado sus condiciones para competir con países vecinos y termine cediendo recursos estratégicos a cambio de ingresos inmediatos.

Qué sigue: La propuesta se debatirá en la “Cumbre Minera” convocada del 18 al 20 de mayo, antes de ser enviada a la Asamblea Legislativa en julio.