El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo Código Minero que otorgará estabilidad tributaria por 20 años, eliminará la alícuota adicional del 12,5% sobre utilidades extraordinarias y concentrará más poder en la AJAM para adjudicar contratos.
La Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, en su estación en grande, el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de conversión y reconversión de tierras, con 20 votos a favor de un total de 32 senadores presentes.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptó avanzar en la elaboración de una nueva ley consensuada para contribuir a la pacificación del país y lograr el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras.
El Gobierno cerró la crisis de los carburantes de 2026 descartando la tesis del sabotaje político y atribuyendo la contaminación de combustibles a fallas estructurales acumuladas durante años en YPFB, según el informe final presentado el 11 de mayo por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.
La Policía Boliviana entró en estado de apronte para intervenir los bloqueos que mantienen cercada a La Paz y cortan la conexión con Perú, mientras las pérdidas económicas por las movilizaciones superan los Bs 150 millones en municipios y $15 millones diarios en el departamento paceño.
La controversia por la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas para acceder a créditos, expone una fractura entre el sector productivo boliviano y el sistema político que regula las tierras.
El modelo “50/50” dejó de ser una promesa política y se convirtió en uno de los principales focos de tensión social y territorial del país, con paros, marchas y bloqueos mientras el gobierno avanza con mesas técnicas para aplicar la reforma desde 2026.
Análisis del Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA detectaron niveles de goma hasta ocho veces superiores al límite permitido en muestras de gasolina de 85 octanos comercializada en La Paz, confirmando que el combustible incumple la normativa boliviana.
El Estado boliviano gastó cerca de Bs 960 millones en el programa Comunidades Urbanas, pero más de 2.000 viviendas sociales permanecen abandonadas en distintos departamentos debido a irregularidades administrativas y requisitos de acceso demasiado restrictivos.
La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declaró en emergencia este lunes en defensa de la Ley 1720, mientras productores cañeros y ganaderos benianos se sumaron a la movilización contra la abrogación de la norma que espera tratamiento en el Senado.