El Gobierno boliviano propone incorporar a millones de trabajadores informales al Sistema Integral de Pensiones mediante mecanismos flexibles de aporte, ante el riesgo de una crisis jubilatoria por la alta informalidad laboral del país.
El Gobierno de Rodrigo Paz desplegó 3.500 efectivos militares y policiales el 16 de mayo para abrir un “Corredor Humanitario” hacia La Paz y El Alto, en medio de bloqueos que evolucionaron de demandas sectoriales a exigir la renuncia presidencial.
Un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras de acceso a La Paz derivó en violentos enfrentamientos en El Alto la madrugada de este sábado, con gasificaciones, aprehensiones y denuncias de agresiones.
Bolivia enfrenta su mayor crisis desde 2019 con 26 puntos de bloqueo, marchas hacia La Paz y pedidos de renuncia presidencial, mientras la Justicia ratifica una orden de aprehensión contra Evo Morales por trata agravada de personas.
El recrudecimiento de los bloqueos de carreteras y las dificultades de abastecimiento en Bolivia han puesto en debate la posibilidad de declarar un estado de excepción, con sectores políticos, religiosos y sociales divididos entre quienes exigen medidas extraordinarias y quienes advierten riesgos democráticos.
La crisis de diésel en Santa Cruz expone una fragilidad energética estructural en Bolivia, donde el país importa entre el 85% y 90% del combustible que consume mientras la producción de gas cayó 56% entre 2015 y 2025.
La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió una acción popular y ordenó levantar los bloqueos que afectan derechos fundamentales como la salud, alimentación y libre tránsito en todo el país.
El Comité pro Santa Cruz convocó a una Asamblea de la Cruceñidad para este lunes 18 de mayo, a las 9:00, con el objetivo de asumir medidas “en defensa de la democracia” ante la escalada de tensión política.
El senador Leonardo Roca denunció a cinco ONG —CIPCA, Fundación TIERRA, CEDIB, CEJIS y Fundación Solón— por supuestamente utilizar financiamiento europeo para impulsar movilizaciones contra la Ley 1720 y desestabilizar al Gobierno, lo que derivó en el anuncio de una investigación parlamentaria.
La conflictividad social obligó al Gobierno de Rodrigo Paz a postergar las reformas económicas diseñadas para 2026, priorizando la contención de crisis inmediatas mientras diversos sectores exigen incluso su renuncia.