Nilton Condori, senador suplente que llegó al poder bajo la alianza de Samuel Doria Medina, se ha convertido en la voz más crítica y radical dentro de su propio bloque, generando una convivencia tensa que el partido evita romper por los costos políticos que implicaría.
El Gobierno boliviano declaró emergencia antrópica en respuesta a los bloqueos de carreteras y conflictos sociales que afectan al país, activando mecanismos extraordinarios para proteger servicios esenciales.
Los clubes bolivianos Always Ready e Independiente Petrolero pueden perder entre 150.000 y más de 300.000 dólares por partido al trasladar su localía a Paraguay debido a los conflictos sociales y bloqueos que atraviesa el país.
La Paz enfrenta una jornada de alta tensión con tres marchas convergiendo en el centro de la ciudad, al menos 25 puntos de bloqueo activos y advertencias del Gobierno sobre aprehensiones a quienes usen explosivos durante las protestas.
La deuda pública interna de Bolivia se triplicó en cinco años, pasando de $us 6.097 millones en 2020 a $us 22.449 millones en 2025, según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5515, que creó la “Oficina Virtual del Presidente” y permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar a distancia sin transferir el mando.
El Gobierno adelantó para el 13 de mayo el desembolso de recursos del IDH y regalías departamentales a gobernaciones, municipios y universidades públicas, en medio de bloqueos y conflictos sociales.
La crisis de diésel en Santa Cruz expone una fragilidad energética estructural en Bolivia, donde el país importa entre el 85% y 90% del combustible que consume mientras la producción de gas cayó 56% entre 2015 y 2025.
La Central Obrera Boliviana enfrenta un creciente cuestionamiento sobre si aún representa a los trabajadores o se convirtió en un actor político que profundiza la crisis económica, mientras sus bloqueos y paros paralizan el país en mayo de 2026.
YPFB señala al Decreto Supremo 3992, aprobado en 2019 durante el gobierno de Evo Morales, como una de las causas estructurales de la crisis de gasolina adulterada que ha paralizado a miles de vehículos en Bolivia a inicios de 2026.