El Gobierno boliviano negó este lunes el ingreso y permanencia a una delegación de al menos 18 ciudadanos argentinos —políticos, militantes y activistas de izquierda— que llegaron al país argumentando realizar una misión de observación en derechos humanos.
La Central Obrera Boliviana (COB) suspendió por segunda vez este domingo el ampliado nacional que debía instalarse en La Paz, alegando supuesta “falta de garantías” para llevar adelante la reunión.
La Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana (Codasur) trasladó a Paraguay la cuarta fecha del Rally Sudamericano 2026, que estaba prevista para Sucre, debido a los bloqueos y conflictos sociales que atraviesa Bolivia.
El caso “Narcomadera” —la incautación de 108 toneladas de droga impregnada en madera boliviana detectada en Chile— desató una confrontación política interna entre el Gobierno, el vicepresidente Edmand Lara, legisladores y líderes opositores sobre las responsabilidades del Estado.
La alianza Libre anunció una interpelación contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a quien responsabiliza por la falta de resultados para restablecer la transitabilidad tras más de seis semanas de bloqueos de carreteras.
El vocero presidencial José Luis Gálvez aclaró este miércoles la postura del Gobierno sobre un posible Estado de Excepción: cualquier operación de seguridad se ejecutará primero y se informará después.
La incautación de 108 toneladas de droga en puertos chilenos, oculta en cargamentos de madera procedentes de Bolivia, ha desatado una crisis institucional en el país y activado seis medidas de emergencia del Estado boliviano.
El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles 10 de junio a Erick Sanjinés Chávez como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Beatriz García ocurrida el martes 9 de junio.
La Fiscalía aprehendió a tres gerentes de YPFB —Carlos Cuéllar, Eddy Torrico y Nelson Mendoza— investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la “gasolina basura” que dañó el parque automotor nacional.
Las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento financiero deberán atender y evaluar solicitudes para refinanciar o reprogramar créditos de los clientes cuya capacidad de pago se vio afectada por conflictos sociales, bloqueos y eventos adversos.