Los analistas Diego Ayo y Franklin Pareja plantearon en el programa Acidez del viernes 16 siete medidas para la relación con Chile, entre ellas un puerto bajo gestión boliviana sin soberanía y una zona franca en El Alto.
Rodrigo Paz y José Antonio Kast firmaron el viernes en La Paz cinco documentos: el procedimiento para negociar la actualización del acuerdo comercial que rige entre ambos países desde 1993 (ACE 22), dos memorandos sobre fibra óptica y minería, y dos declaraciones.
Unidad anunció el 15 de octubre que pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) quitarles por transfugio el escaño al diputado Alejandro Reyes y al senador Nilton Condori, una falta que la ley castiga con la pérdida de la representación.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó poco después de las 08:00 a El Alto en la primera visita oficial de un mandatario chileno desde 1955, y el Gobierno boliviano prevé firmar al menos dos o tres acuerdos durante la jornada.
La Cainco presentó el 13 de octubre un proyecto de ley de inversiones de 36 artículos y pidió a la Asamblea aprobarlo hasta diciembre. Avanza en paralelo al del Gobierno, de 103 artículos, que espera tratamiento desde agosto.
La exdiputada Luciana Campero denunció pagos a legisladores y el uso de bolígrafos de tinta borrable en la votación que eligió a Roger Mariaca fiscal general, una acusación que se suma a las impugnaciones y denuncias de prebenda que enfrentó desde 2024.
El Decreto Supremo 5749, firmado el 13 de octubre, habilita al Viceministerio de Transparencia a recibir denuncias con identidad reservada contra fiscales, jueces, policías y funcionarios de Derechos Reales y del TCP que exijan dinero o favores.
El Comité pro Santa Cruz incorporó el martes 13 de octubre la seguridad ciudadana como sexto eje de sus demandas al Gobierno y pidió descentralizar la lucha contra el delito, incluida la creación de una Policía departamental.
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, advirtió el martes que los juicios de responsabilidades están “atascados” y que procesos como el del caso Hotel Las Américas no podrán avanzar hasta que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que regule cómo juzgar a exaltas autoridades.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene hasta el 20 de diciembre de 2027 para presentar un nuevo padrón electoral, por mandato de la Ley 1701 del 2 de diciembre de 2025, que fijó un plazo de 24 meses desde la posesión de los vocales.