El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, afirmó este jueves que el precio del pan de batalla de 60 gramos se mantiene en 50 centavos y descartó el alza a 80, anunciada por la Confederación de Panificadores de Bolivia.
El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020 durante el Gobierno de Luis Arce Catacora, recaudó 795 millones de bolivianos hasta fines de 2024, pero provocó una fuga de capitales de más de 2.000 millones de dólares, según el presidente Rodrigo Paz.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, reveló un presunto daño económico preliminar de Bs 95,5 millones en Emapa, descubierto en apenas ocho días de auditoría, confirmando un esquema de corrupción a gran escala en la empresa estatal.
La industria farmacéutica advirtió que la falta de regulación y el contrabando, que mueve más de $us 100 millones anuales, ponen en riesgo el abastecimiento seguro de medicamentos en Bolivia.
La Confederación de Panificadores de Bolivia determinó este miércoles elevar el precio del pan de batalla a 80 centavos, con un peso de 60 gramos, ante la falta de entrega de insumos subvencionados.
El Ministerio de Economía reportó pagos por Bs 1.496 millones, de los cuales Bs 309,7 millones -un 21%- se destinaron a combustibles, según el Contador de Gastos Públicos publicado el martes 25 de noviembre.
El Gobierno presentó las primeras medidas económicas basadas en tres ejes: eliminación de cuatro impuestos considerados ineficientes, reducción del gasto fiscal del 30% para 2026 y pago acelerado de la deuda estatal con proveedores.
El Gobierno nacional acordó con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) impulsar una ley para reformar el Senasag y convertirlo en una entidad público-privada, además de confirmar la eliminación de los cupos de exportación de productos agroindustriales.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó este martes que respalda que el diferimiento de créditos llegue solo a personas en mora con actividades económicas en riesgo, no a todos los prestatarios, aprobado por exsenadores.
El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, informó que la intervención a EMAPA detectó un daño al Estado de 95,5 millones de bolivianos en ocho días por producción inexistente, contratos incumplidos y servicios pagados no ejecutados.