El conflicto social en torno a la Ley 1720 y su posterior abrogación profundiza la incertidumbre jurídica en Bolivia, amenazando con paralizar proyectos de inversión en el sector agropecuario que el Gobierno de Rodrigo Paz considera estratégico.
YPFB señala al Decreto Supremo 3992, aprobado en 2019 durante el gobierno de Evo Morales, como una de las causas estructurales de la crisis de gasolina adulterada que ha paralizado a miles de vehículos en Bolivia a inicios de 2026.
El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo Código Minero que otorgará estabilidad tributaria por 20 años, eliminará la alícuota adicional del 12,5% sobre utilidades extraordinarias y concentrará más poder en la AJAM para adjudicar contratos.
La Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, en su estación en grande, el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de conversión y reconversión de tierras, con 20 votos a favor de un total de 32 senadores presentes.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptó avanzar en la elaboración de una nueva ley consensuada para contribuir a la pacificación del país y lograr el levantamiento de los bloqueos en distintas carreteras.
El Gobierno cerró la crisis de los carburantes de 2026 descartando la tesis del sabotaje político y atribuyendo la contaminación de combustibles a fallas estructurales acumuladas durante años en YPFB, según el informe final presentado el 11 de mayo por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca.
La Policía Boliviana entró en estado de apronte para intervenir los bloqueos que mantienen cercada a La Paz y cortan la conexión con Perú, mientras las pérdidas económicas por las movilizaciones superan los Bs 150 millones en municipios y $15 millones diarios en el departamento paceño.
La controversia por la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas para acceder a créditos, expone una fractura entre el sector productivo boliviano y el sistema político que regula las tierras.
El modelo “50/50” dejó de ser una promesa política y se convirtió en uno de los principales focos de tensión social y territorial del país, con paros, marchas y bloqueos mientras el gobierno avanza con mesas técnicas para aplicar la reforma desde 2026.
Análisis del Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA detectaron niveles de goma hasta ocho veces superiores al límite permitido en muestras de gasolina de 85 octanos comercializada en La Paz, confirmando que el combustible incumple la normativa boliviana.