El enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara se aviva generando costos reales para la gestión pública y retrasando las soluciones urgentes que el país demanda en medio de una severa crisis económica.
El presidente Rodrigo Paz lanzó ayer en Santa Cruz la estrategia “Marca País 2026” centrada en cultura, gastronomía y turismo, acompañada de reformas en visas e impuestos para atraer inversión.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, anunció que el gobierno trabaja en una metodología de estabilización de precios para eliminar gradualmente el subsidio a los combustibles, cuyo esquema será presentado en tres semanas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles el calendario electoral para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, con más de 70 actividades y un cronograma “extremadamente comprimido”, que, según advierten los expertos, no deja margen de error institucional.
El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020 durante el Gobierno de Luis Arce Catacora, recaudó 795 millones de bolivianos hasta fines de 2024, pero provocó una fuga de capitales de más de 2.000 millones de dólares, según el presidente Rodrigo Paz.
Los vacíos que dejan los magistrados “autoprorrogados” del TCP y del TSJ sólo pueden ser llenados por titulares elegidos por voto popular, un proceso que tomará al menos seis meses, según especialistas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, reveló un presunto daño económico preliminar de Bs 95,5 millones en Emapa, descubierto en apenas ocho días de auditoría, confirmando un esquema de corrupción a gran escala en la empresa estatal.
La industria farmacéutica advirtió que la falta de regulación y el contrabando, que mueve más de $us 100 millones anuales, ponen en riesgo el abastecimiento seguro de medicamentos en Bolivia.
El Gobierno presentó las primeras medidas económicas basadas en tres ejes: eliminación de cuatro impuestos considerados ineficientes, reducción del gasto fiscal del 30% para 2026 y pago acelerado de la deuda estatal con proveedores.
Cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron su mandato por casi dos años mediante autoprórroga fueron cesados de sus cargos y cuatro de ellos enfrentan órdenes de aprehensión y alerta migratoria.