Alejandra Sivila Fuentes, de 24 años, asumió como alcaldesa de Potosí y se convirtió en la autoridad edil más joven de Bolivia, en medio de un colapso institucional marcado por vacíos de poder, conflictos judiciales y denuncias de corrupción.
El tramo ferroviario Aiquile-Santa Cruz, diseñado para enlazar las dos redes ferroviarias de Bolivia y concretar un corredor bioceánico sudamericano, vuelve a la agenda pública tras casi un siglo de espera, aún sin financiamiento definido pero con “interesados escondidos” tras el telón.
La versión oficial de Irán sobre el acuerdo de defensa firmado con Bolivia en 2023 —que califica el documento como una simple “acta de negociaciones” sin efectos legales— es contradicha por declaraciones de sus propias autoridades y por la denuncia formal ejecutada por el gobierno de Rodrigo Paz.
Desde abril de 2026, las compras con tarjetas de débito o crédito en el exterior se calculan exclusivamente con el tipo de cambio referencial del dólar publicado por el Banco Central de Bolivia, según la Resolución ASFI/299/2026.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera enfrenta nueve procesos judiciales en Bolivia que continúan su curso en los departamentos de Santa Cruz y Beni, según informó el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca.
El plan gubernamental “Tranca Cero” reduce requisitos burocráticos en trámites públicos, pero en paralelo el SERECI trasladó la emisión de certificados civiles a oficialías, lo que incrementó su costo en aproximadamente 17 bolivianos por documento.
La cápsula Orion de la misión Artemis II amerizó con éxito en las costas de California a las 20:10 (hora boliviana), completando el primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años.
El Gobierno anuló 161 decretos que permitían contrataciones directas para transparentar la gestión pública, una medida que conllevará mayor caída de la inversión estatal y el empleo en un contexto de recesión económica.
El caso Consorcio, que destapó una presunta red de injerencia política y judicial en Bolivia, se reactiva tras la revelación de un supuesto acuerdo entre implicados y la magistrada denunciante Fanny Coaquira, quien niega su existencia.
El plazo para registrar reclamos por gasolina desestabilizada ante YPFB vence el 15 de abril de 2026, mientras que 5.111 vehículos ya recibieron compensaciones por un total de 9,29 millones de bolivianos.