La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se miden este viernes 1 de mayo en una pulseta política marcada por la ausencia de acuerdo salarial, un cabildo laboral sin aval del TSE y un ultimátum de los trabajadores.
El Tribunal Constitucional Plurinacional opera con solo cuatro magistrados de los nueve que debería tener, mientras más de 18.000 causas permanecen sin resolver y las máximas autoridades judiciales exigen a la Asamblea Legislativa convocar elecciones judiciales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores redujo casi un 20% su personal en el exterior —de 357 a 285 ítems— y saldó una deuda de 2,3 millones de dólares, generando un ahorro anual de 1,1 millones de dólares.
El presidente Rodrigo Paz convocó a un gran encuentro nacional y propuso eliminar los pliegos petitorios como mecanismo de negociación con los sectores sociales, reemplazándolos por planes de trabajo con compromisos verificables.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira intensifica su estrategia de ajuste fiscal con enfoque social mientras enfrenta el encarecimiento del petróleo, que amenaza con desbordar las previsiones del Presupuesto 2026.
El Gobierno boliviano abre la comercialización de combustibles al sector privado en un contexto de déficit fiscal del 12,2% del PIB, contracción económica del 1,58% y reservas internacionales de apenas 144,4 millones de dólares.
El Corredor Bioceánico de Capricornio avanza con obras concretas entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, dejando a Bolivia fuera del trazado y presionando su competitividad logística regional.
El salario mínimo en Bolivia pasó de Bs 120 hace tres décadas a Bs 3.300 en 2026, pero esta trayectoria registró tres periodos sin incrementos: 2003-2005, 2020 y mayo de 2026.
La Planta Industrializadora de Leche de Chuquisaca (PIL Chuquisaca), fundada en 1977, cerró definitivamente en abril de 2026 tras su paralización en octubre de 2025, dejando deudas millonarias y exponiendo fallas estructurales en la gestión empresarial y el modelo industrial boliviano.
La Fiscalía aprehendió a cuatro exautoridades del Banco Central de Bolivia, incluido su expresidente Edwin Rojas Ulo, por un presunto daño de 124 millones de dólares derivado de operaciones con bonos soberanos realizadas en 2024.