La primera sesión del Consejo Económico y Social (CES) concluyó este miércoles sin la participación de los principales sectores movilizados, dejando en evidencia que el órgano carece de poder vinculante para resolver el conflicto que paraliza Bolivia.
El riesgo país de Bolivia escaló de 378 a 605 puntos básicos entre el 1 y el 22 de mayo, encareciendo las condiciones para contraer nueva deuda externa apenas semanas después de colocar bonos al 9,45%.
La Policía descartó habilitar otro corredor humanitario por la “intransigencia” de los sectores movilizados, mientras los bloqueos agravan el desabastecimiento de alimentos y combustible en La Paz y El Alto.
El plazo de cinco meses de detención preventiva del expresidente Luis Arce venció el 12 de mayo y la Fiscalía solicitó una ampliación de seis meses adicionales para continuar la investigación por el caso FONDIOC.
Bolivia cumple 27 días de bloqueos y protestas en medio de una creciente crisis política y social que ya dejó muertos, desabastecimiento, enfrentamientos, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz impulsa una última mesa de diálogo con sectores movilizados, persisten los cortes de ruta y la presión por la renuncia presidencial.
El presidente Rodrigo Paz advirtió este miércoles que “el tiempo se acaba” y convocó nuevamente al diálogo a los sectores campesinos y a la COB que mantienen bloqueos en La Paz y El Alto desde hace 27 días.
Mientras dieciséis hospitales de La Paz y El Alto operan al borde del desabastecimiento de oxígeno medicinal por días de bloqueos en accesos a la sede de gobierno, la red sanitaria de Cochabamba mantiene su suministro garantizado gracias a una planta criogénica municipal construida hace cinco años.
Choferes de La Paz iniciaron un paro indefinido con 88 puntos de bloqueo que paralizan la ciudad y, paradójicamente, impiden el paso de las 1.600 cisternas de combustible que necesitan para trabajar.
Dirigentes cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico ingresaron el 25 de mayo a las instalaciones de la 9ª División del Ejército en Villa Tunari para realizar una “inspección” no autorizada, buscando supuestos agentes de la DEA.
El Gobierno boliviano definió que el nuevo “perdonazo tributario” beneficiará a gremiales, transportistas, artesanos y cuentapropistas con deudas menores a Bs 10 millones, con la promulgación prevista para esta semana.