Chile decomisó 108 toneladas de droga impregnada en madera exportada desde Bolivia entre enero y mayo de 2026, desarrollando una investigación de varios meses sin alertar a las autoridades bolivianas.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, informó este miércoles que el dirigente campesino Vicente Salazar fue liberado tras ser conducido a oficinas policiales durante una movilización en el centro de La Paz.
El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles 10 de junio a Erick Sanjinés Chávez como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Beatriz García ocurrida el martes 9 de junio.
La Policía aprehendió este miércoles a Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” y principal impulsor del cerco a La Paz, durante los enfrentamientos con manifestantes que intentaban llegar a la Plaza Murillo.
El presidente Rodrigo Paz y el alcalde de El Alto, Eliser Roca, firmaron este miércoles un convenio para ejecutar obras en la urbe alteña, en un acto donde la autoridad municipal pidió no decretar estado de excepción y cesar las aprehensiones de dirigentes.
La Fiscalía aprehendió a tres gerentes de YPFB —Carlos Cuéllar, Eddy Torrico y Nelson Mendoza— investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la “gasolina basura” que dañó el parque automotor nacional.
Cabildos masivos en La Paz, Sucre y otros sectores exigieron el martes la declaratoria inmediata del estado de excepción para desbloquear las carreteras del país, tras cumplirse 40 días de bloqueos que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Autoridades chilenas decomisaron 108 toneladas netas de cocaína y ketamina provenientes de Bolivia en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, en la mayor operación antidroga detectada en la historia reciente del Cono Sur.
El Gobierno trabaja en la reglamentación de la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción y evalúa declarar esta medida para enfrentar los bloqueos y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país.
Las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento financiero deberán atender y evaluar solicitudes para refinanciar o reprogramar créditos de los clientes cuya capacidad de pago se vio afectada por conflictos sociales, bloqueos y eventos adversos.