En apenas 72 días —entre febrero y abril de 2026— el sector hidrocarburos boliviano registró cuatro salidas de autoridades clave, exponiendo una crisis de gobernabilidad que combinó fallas estructurales, tensiones políticas y un aparato técnico debilitado.
Los economistas Mauricio Ríos y Gonzalo Chávez advierten que el PGE Reformulado 2026 no aborda de raíz el problema del gasto público al mantener empresas estatales deficitarias, lo que agrava la crisis fiscal del país.
Claudia Cronenbold renunció a la presidencia de YPFB tras apenas 22 días de gestión, dejando una carta que revela un estado institucional significativamente más deteriorado de lo informado públicamente por las autoridades.
El portal Presupuesto Abierto revela que el gobierno del MAS destinó 64% del presupuesto a gasto corriente con un déficit real del 15% del PIB, mientras el PGE 2026 reformulado recorta 30% ese gasto y reduce el déficit a 9%.
La Fexco 2026 comienza en Cochabamba con entre 1.500 y 1.600 expositores y una proyección de movimiento económico superior a 181 millones de dólares, con la meta de superar los 190 millones alcanzados en 2025.
Bolivia acumula más de 1.000 millones de dólares en pagos por arbitrajes internacionales, y el cierre del caso BBVA —que obliga al Estado a pagar 105 millones de dólares— activa auditorías para identificar responsables.
El pago de deuda externa y la compra de carburantes importados están agotando las divisas líquidas de Bolivia, reduciendo las reservas monetarias internacionales en 71,2% durante el primer trimestre de 2026.
Marcelo Blanco Quintanilla fue posesionado este miércoles como nuevo Ministro de Hidrocarburos y Energías en relevo de Mauricio Medinaceli, en un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lanzó la plataforma “Presupuesto Abierto” revelando un desfase de Bs 24.000 millones en irregularidades del PGE heredado del MAS, y presentó un presupuesto reformulado de Bs 390.000 millones para 2026.
El manejo de una caja fuerte hallada en la residencia del narcotraficante Sebastián Marset desató una crisis entre el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, que rechazó recibir la evidencia por considerar que estaba “contaminada”.