El Fiscal General Roger Mariaca confirmó el inicio del procesamiento de múltiples denuncias contra el expresidente Luis Arce y sus tres hijos, formalizando las posibles dos vías judiciales: juicio de responsabilidades para el exmandatario y procesos penales ordinarios para su familia.
El gobierno de Rodrigo Paz perfila una estrategia para inyectar capital extranjero a los sectores clave como hidrocarburos, energía y minería que, según él, se encuentran debilitados por mala gestión, corrupción y escasa inversión. El Mandatario no habla de privatización.
El enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara se aviva generando costos reales para la gestión pública y retrasando las soluciones urgentes que el país demanda en medio de una severa crisis económica.
El presidente Rodrigo Paz lanzó ayer en Santa Cruz la estrategia “Marca País 2026” centrada en cultura, gastronomía y turismo, acompañada de reformas en visas e impuestos para atraer inversión.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, anunció que el gobierno trabaja en una metodología de estabilización de precios para eliminar gradualmente el subsidio a los combustibles, cuyo esquema será presentado en tres semanas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles el calendario electoral para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, con más de 70 actividades y un cronograma “extremadamente comprimido”, que, según advierten los expertos, no deja margen de error institucional.
El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020 durante el Gobierno de Luis Arce Catacora, recaudó 795 millones de bolivianos hasta fines de 2024, pero provocó una fuga de capitales de más de 2.000 millones de dólares, según el presidente Rodrigo Paz.
Los vacíos que dejan los magistrados “autoprorrogados” del TCP y del TSJ sólo pueden ser llenados por titulares elegidos por voto popular, un proceso que tomará al menos seis meses, según especialistas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, reveló un presunto daño económico preliminar de Bs 95,5 millones en Emapa, descubierto en apenas ocho días de auditoría, confirmando un esquema de corrupción a gran escala en la empresa estatal.
La industria farmacéutica advirtió que la falta de regulación y el contrabando, que mueve más de $us 100 millones anuales, ponen en riesgo el abastecimiento seguro de medicamentos en Bolivia.