Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP, una decisión que introduce un nuevo factor en el mercado energético global en plena crisis por la guerra en Medio Oriente.
El dólar paralelo en Bolivia alcanza los Bs 10 mientras el tipo de cambio oficial permanece congelado en Bs 6,96 desde hace más de una década, evidenciando una desconexión total entre el discurso estatal y la economía real.
Bolivia enfrenta la convergencia de cinco crisis simultáneas —energética, económica, minera, social e institucional— que analistas describen como una “tormenta perfecta” y que ponen en entredicho la sostenibilidad del modelo estatista de las últimas dos décadas.
Expertos y analistas del sector energético coinciden en que la reingeniería de YPFB podría costar hasta 5.000 millones de dólares y extenderse por cinco años, pero califican el proceso de inevitable ante la crisis que atraviesa la petrolera estatal.
El regreso de Guido “Chelelo” Áñez a Santa Cruz el 23 de abril, tras 17 años de exilio, marca el cierre simbólico de un ciclo de judicialización política que forzó la salida de centenares de opositores bolivianos entre 2006 y 2025.
Santa Cruz de la Sierra enfrenta una emergencia sanitaria tras la suspensión indefinida del servicio de recolección de residuos por parte de la empresa Aseo Urbano Piraí, que paralizó operaciones debido a deudas municipales impagas, menores ingresos del municipio y el encarecimiento del diésel.
La escasez de diésel en Bolivia ha reactivado el mercado negro del carburante, donde productores agropecuarios pagan hasta Bs 18 por litro para evitar la paralización de la cosecha de verano, la siembra de invierno y la preparación de la zafra cañera.
Claudia Cronenbold renunció a la presidencia de YPFB tras apenas 22 días de gestión, dejando una carta que revela un estado institucional significativamente más deteriorado de lo informado públicamente por las autoridades.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lanzó la plataforma “Presupuesto Abierto” revelando un desfase de Bs 24.000 millones en irregularidades del PGE heredado del MAS, y presentó un presupuesto reformulado de Bs 390.000 millones para 2026.
Bolivia destinó aproximadamente Bs 979 millones a la organización de cinco procesos electorales entre diciembre de 2024 y abril de 2026, en uno de los periodos de votación más intensos de su historia reciente.