El Tribunal Supremo de Justicia reveló este jueves un informe que detecta irregularidades, posibles delitos y fallas estructurales en el proceso judicial del caso Mutualista, abriendo la vía a procesos penales contra autoridades y particulares involucrados.
Bolivia recupera las cajas negras de sus accidentes aéreos, pero carece de la tecnología y los peritos certificados para analizarlas, por lo que debe enviarlas a laboratorios en el exterior.
La Conferencia Episcopal Boliviana advirtió por primera vez sobre la “aparición de carteles organizados” en el país, marcando un punto de inflexión en la forma de entender el narcotráfico que deja de percibirse como una red dispersa para asumir características del crimen organizado transnacional.
El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana genera un gasto promedio de más de 500 dólares por turista extranjero durante sus diez días de duración, dinamizando la economía de la Chiquitanía entre el 17 y 26 de abril.
La familia Moyano Aguirre, de Cochabamba, representa tres generaciones de pilotos que han marcado la historia de la aviación civil boliviana, desde los vuelos de YPFB hasta las rutas internacionales, un legado que hoy enluta al sector tras la muerte del piloto Carlos Fernando Moyano el 13 de abril.
YPFB amplió hasta el 14 de mayo el plazo para registrar reclamos por la gasolina desestabilizada, en un proceso de compensación que incluye validación técnica del daño a cargo de una compañía de seguros.
El Tribunal Supremo de Justicia envió una Comisión de Transparencia a Santa Cruz para investigar el proceso judicial que favorece a la familia Crapuzzi en la pugna por los predios del mercado Mutualista, reclamados como propiedad privada.
La aeronave desaparecida en la zona norte de Cochabamba es un Cessna Citation Bravo, un jet ejecutivo ligero de fabricación estadounidense utilizado para vuelos regionales rápidos y operaciones corporativas.
Un proyecto de construcción de zanjas en la frontera del altiplano entre Chile y Bolivia ha encendido alertas entre especialistas en biodiversidad, quienes advierten que estas estructuras podrían funcionar como “trampas mortales” para la fauna silvestre.
El plan gubernamental “Tranca Cero” reduce requisitos burocráticos en trámites públicos, pero en paralelo el SERECI trasladó la emisión de certificados civiles a oficialías, lo que incrementó su costo en aproximadamente 17 bolivianos por documento.