El Tribunal Supremo de Justicia envió una Comisión de Transparencia a Santa Cruz para investigar el proceso judicial que favorece a la familia Crapuzzi en la pugna por los predios del mercado Mutualista, reclamados como propiedad privada.
La aeronave desaparecida en la zona norte de Cochabamba es un Cessna Citation Bravo, un jet ejecutivo ligero de fabricación estadounidense utilizado para vuelos regionales rápidos y operaciones corporativas.
Un proyecto de construcción de zanjas en la frontera del altiplano entre Chile y Bolivia ha encendido alertas entre especialistas en biodiversidad, quienes advierten que estas estructuras podrían funcionar como “trampas mortales” para la fauna silvestre.
El plan gubernamental “Tranca Cero” reduce requisitos burocráticos en trámites públicos, pero en paralelo el SERECI trasladó la emisión de certificados civiles a oficialías, lo que incrementó su costo en aproximadamente 17 bolivianos por documento.
El plazo para registrar reclamos por gasolina desestabilizada ante YPFB vence el 15 de abril de 2026, mientras que 5.111 vehículos ya recibieron compensaciones por un total de 9,29 millones de bolivianos.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas amplió el plazo para cobrar el bono PEPE hasta el 19 de junio de 2026, con una nueva ventana de pago que se abrirá el 4 de mayo sin restricciones por terminación de cédula ni fecha de nacimiento.
El Gobierno y representantes del transporte alcanzaron acuerdos en Oruro que permitieron levantar los bloqueos en la ciudad, tras varias horas de conversaciones sobre la problemática de la gasolina desestabilizada.
El escarabajo tigre chiquitano (Pometon bolivianus) ganó el Uproar Conservation Challenge con más de 300.000 votos, otorgando 10.000 dólares al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado para investigación y conservación.
El caso Fondioc atraviesa su fase más decisiva tras más de una década de investigaciones, con la expansión del proceso hacia niveles político-administrativos después de años de procesar principalmente a ejecutores y técnicos de menor poder.
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura rechazó de forma unánime el Proyecto de Ley N° 294/2025-2026 que busca trasladar el control de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo y advirtió riesgos para la seguridad jurídica del país.