La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió una Acción de Amparo Constitucional presentada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Marcelo Blanco Quintanilla, y ordenó suspender la interpelación que estaba programada para el 30 de abril.
Choferes, la COB y médicos de la seguridad social intensifican protestas con paros y bloqueos esta semana, mientras el Gobierno denuncia un “proceso conspirativo” y mantiene abierta la posibilidad de diálogo.
A casi 19 años de que Bolivia denunció el Convenio del CIADI, el principal mecanismo internacional de arbitraje entre Estados e inversionistas, el debate sobre la seguridad jurídica del país resurge en un contexto de escasez de divisas y necesidad de atraer capital externo.
El Gobierno descartó responder al pliego petitorio de la COB y rechazó un nuevo incremento salarial antes del 1 de mayo, mientras la central obrera convocó a un cabildo nacional para ese día con el objetivo de presentar un ultimátum.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, enfrentará este jueves 30 de abril una interpelación legislativa con 33 preguntas sobre la presunta comercialización de gasolina de mala calidad, con apenas ocho días en el cargo.
Los nueve Tribunales Electorales Departamentales de Bolivia iniciaron este martes la entrega de credenciales a más de 5.400 autoridades subnacionales electas, habilitándolas para asumir funciones el próximo lunes 4 de mayo.
Bolivia enfrenta la convergencia de cinco crisis simultáneas —energética, económica, minera, social e institucional— que analistas describen como una “tormenta perfecta” y que ponen en entredicho la sostenibilidad del modelo estatista de las últimas dos décadas.
Seis sectores sociales mantienen marchas, bloqueos indefinidos y paros anunciados en Bolivia esta semana, saturando la agenda del gobierno de Rodrigo Paz en medio de una crisis de diésel de 60 días y malestar económico generalizado.
El senador Leonardo Roca, de la agrupación Libre, anunció que impulsará la extradición del exfiscal Marcelo Soza desde Brasil, donde reside como refugiado, y la apertura de procesos contra exautoridades vinculadas al “Caso Terrorismo”.
Bolivia y Chile reactivaron en 2026 una agenda bilateral con acuerdos en comercio, aviación, consultas políticas y cooperación consular, aunque la normalización diplomática plena y el diferendo marítimo siguen sin resolverse.