Lo esencial: A casi dos décadas de que Bolivia denunció el Convenio del CIADI, el principal mecanismo internacional de arbitraje entre Estados e inversionistas, el debate sobre la seguridad jurídica del país resurge en un contexto de escasez de divisas y necesidad de atraer capital externo.

Por qué importa: La decisión de 2007 no eliminó los arbitrajes internacionales como prometió el gobierno, sino que los desplazó hacia otros mecanismos, mientras el acceso a estas instancias quedó fragmentado según el poder de negociación de cada inversionista.

Hoy, representantes empresariales sostienen que la ausencia de un acceso generalizado a arbitraje internacional limita la confianza de los inversionistas, quienes no ven en la justicia ordinaria boliviana una instancia suficientemente predecible y percibida como neutra para resolver disputas.

El antecedente clave: El 2 de mayo de 2007, el gobierno de Evo Morales notificó oficialmente la denuncia del Convenio del CIADI, presentándola como un acto de soberanía jurídica en pleno ciclo de nacionalizaciones; la salida formal del organismo se consolidó en octubre‑noviembre de ese año.

Morales sostuvo que el organismo “solo sirve para castigar a los pueblos”, mientras el entonces embajador Pablo Solón defendía que Bolivia no debía reconocer otra jurisdicción que la de sus propios tribunales.
La medida fue respaldada por países aliados del bloque ALBA y respondió a una combinación de factores políticos, económicos y jurídicos en un contexto regional de cuestionamiento a los mecanismos internacionales de arbitraje de inversión.

La promesa incumplida: Los arbitrajes continuaron incluso ante el propio CIADI, debido a tratados y contratos firmados antes de la denuncia y a cláusulas que extienden su vigencia durante años posteriores.

Un ejemplo emblemático es el arbitraje por la nacionalización de ENTEL, iniciado en 2007 y registrado en el CIADI meses después de la notificación de salida, prolongándose hasta 2009 cuando se resolvió la disputa sobre la jurisdicción del organismo.
La experiencia boliviana se alinea con un patrón observado en América Latina: salir del CIADI no elimina los arbitrajes, sino que los desplaza hacia otros mecanismos, como reglas de la ONU‑CI (UNCITRAL) o acuerdos contractuales específicos.

El cambio estructural: La salida del CIADI fue parte de una reconfiguración más amplia de la política de inversión que redujo los mecanismos automáticos de protección internacional y priorizó el arbitraje nacional en el marco normativo boliviano.

Bolivia también denunció la mayoría de los tratados bilaterales de inversión y fortaleció el uso del arbitraje interno, lo que aumentó la dependencia de la justicia local, mientras grandes inversionistas pueden negociar cláusulas de arbitraje internacional en sus contratos y otros quedan sujetos únicamente a la jurisdicción interna.

Qué dicen: Desde 2007, voces del sector privado y analistas han advertido sobre el impacto de esta decisión en la confianza de los inversionistas, especialmente en momentos en que el país buscaba consolidar su atractivo para el capital extranjero.

El economista Gonzalo Chávez alertó sobre el impacto en la confianza de los inversionistas en un momento en que el país pretendía consolidar su atractivo para el capital extranjero.
El consultor Jaime Dunn sostiene que la actual inseguridad jurídica tiene entre sus antecedentes la salida del CIADI y la posterior denuncia de tratados bilaterales de inversión, que redujeron los mecanismos de protección internacional para capitales externos.

Entre líneas: La discusión actual trasciende al propio CIADI y se centra en si Bolivia puede sostener flujos de inversión relevantes sin ofrecer mecanismos internacionales de resolución de disputas, especialmente cuando su sistema judicial es cuestionado en términos de imparcialidad y previsibilidad.

Qué sigue: Propuestas recientes desde el sector empresarial apuntan a restablecer mecanismos de arbitraje internacional, bajo el argumento de que su ausencia limita la seguridad jurídica percibida y la llegada de inversiones, particularmente en sectores intensivos en capital.
El balance: La salida del CIADI no eliminó los conflictos ni los arbitrajes, pero modificó las condiciones bajo las cuales se desarrollan.

Tampoco provocó un colapso inmediato de la inversión extranjera, aunque instaló un debate persistente sobre la confianza institucional del país que hoy vuelve a ser puesto a prueba en un contexto de escasez de divisas y necesidad de reactivar el capital foráneo.