Empresarios y economistas califican como positiva la promesa del presidente Rodrigo Paz, de “arancel cero” para productos tecnológicos que no se fabrican en Bolivia, pero advierten de un impacto limitado si no se controla la economía nacional.
La población aguarda señales concretas sobre un crédito externo de más de $us 9.000 millones anunciado por el Gobierno el mes pasado y cuyos efectos aún están por verse en un contexto de escasez de divisas, encarecimiento de insumos y caída del empleo.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, afirmó que el uso de biotecnología en Bolivia es “un paso sin retorno” y espera que el presidente Rodrigo Paz promulgue un decreto supremo sobre semillas modificadas.
Fiscales anticorrupción de La Paz allanaron este jueves las oficinas de YPFB de Santa Cruz en el marco de la investigación del caso Botrading que involucra a nueve funcionarios, entre ellos el expresidente de la estatal, Armin Dorgathen.
Carlos Jáuregui asumió como director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), institución que el ministro de Economía José Gabriel Espinoza calificó como “brazo de castigo político” durante los gobiernos del MAS.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno elaborará un nuevo Presupuesto General del Estado 2026 “desde cero”, tras detectar “inconsistencias técnicas graves” en el proyecto heredado de la gestión de Luis Arce.
Boliviana de Aviación informó que el vuelo OB767 de Miami a Santa Cruz sufrió una demora por un “mantenimiento no programado” que obligó a aplicar “estrictos protocolos de seguridad” y asistencia permanente a los pasajeros.
El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza Torrico, manifestó profunda preocupación por la pignoración de 6,6 toneladas de oro, herencia del gobierno anterior, y anunció que se están realizando revisiones para determinar si estas operaciones se enmarcaron dentro de la normativa legal.
La Comisión Europea incluyó este jueves a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El Gobierno adoptó una estrategia de gradualismo para aplicar medidas económicas contra la crisis, ante la expectativa de la población y cuestionamientos de economistas.