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Lo esencial: El vicepresidente Edman Lara afirmó entre la noche del martes y madrugada del miércoles que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset podría estar en un condominio del Urubó, denunciando la falta de respuesta operativa del Gobierno y exponiendo la crisis de coordinación entre él y el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Por qué importa: El caso Marset se ha transformado en el símbolo de una fractura política en la cúpula del Estado boliviano, donde la información de seguridad se cruza con disputas de poder y cálculos de gobernabilidad, mientras países como Paraguay insisten públicamente en la necesidad de mayor cooperación para capturar al narcotraficante.

Estado actual: La relación entre Paz y Lara, que comenzó como una alianza electoral orientada a capitalizar el voto antipolítica y el discurso anticorrupción, se ha transformado en una convivencia cada vez más conflictiva desde su posesión en noviembre de 2025.

El Vicepresidente ha asumido un rol de fiscalizador interno, cuestionando reiteradamente a las autoridades de seguridad pública.

No se registraron operativos públicos ni pronunciamientos oficiales tras las declaraciones de Lara.

El Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía mantienen silencio oficial pese a la gravedad de las afirmaciones.

Los hechos: Lara afirmó contar con información proveniente de policías activos que ubicaría a Marset en la exclusiva zona del Urubó en Santa Cruz, sugiriendo la existencia de protección policial.

No presentó pruebas documentales ni formalizó denuncia ante el Ministerio Público.

El señalamiento reavivó recuerdos del fallido operativo de 2023, cuando el narcotraficante escapó horas antes de ser capturado.

El Urubó, caracterizado por condominios cerrados y seguridad privada, ha sido históricamente señalado como espacio complejo para la acción policial.

Entre líneas: La falta de respuesta del Gobierno alimenta interpretaciones encontradas sobre las motivaciones y consecuencias de esta crisis interna.

El entorno de Paz considera que las declaraciones de Lara carecen de sustento técnico y responden a una lógica de presión mediática que podría entorpecer investigaciones.

Autoridades paraguayas han señalado que el paradero de Marset es un “secreto a voces”, aumentando la presión sobre Bolivia

El contexto económico: La confrontación se produce en un momento de fragilidad económica, con el Gobierno concentrado en asegurar financiamiento externo, estabilizar las reservas y sostener programas sociales, mientras Lara insiste en colocar la seguridad y el narcotráfico en el centro del debate público.

Los puntos de tensión: El deterioro se refleja en múltiples áreas.

Seguridad interna: Denuncias y ausencia de pronunciamientos oficiales.

Caso Marset: Sin confirmación de operativos tras las declaraciones de Lara.

Relación Vicepresidente-Gabinete: Deterioro sostenido y sin canales visibles de coordinación.

Presión internacional: Reclamos de cooperación desde Paraguay y Brasil.

Qué sigue: Mientras no existe una respuesta institucional —ya sea mediante un operativo, una investigación formal o una explicación oficial—, la tensión entre el Vicepresidente y el Gobierno sigue escalando.

Lara se ha convertido en opositor interno que interpela, sin presentar pruebas, a la Policía, al Ministerio de Gobierno, a otros ministros como Oscar Mario Justiniano y, por extensión, al propio Presidente.