Lo esencial: El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, es buscado por la justicia con una orden de aprehensión por presunto contrabando de exportación agravada de gas natural, mientras el país enfrenta una crisis de combustible que amenaza la campaña agrícola de verano.

Por qué importa: Dorgathen se suma a una lista de seis de los 10 presidentes de YPFB desde 2006 que han sido cuestionados o enfrentaron procesos penales, lo cual deja en evidencia un patrón de corrupción, que ha sido atribuido a la designación de autoridades con perfil político en lugar de profesionales especializados en materia petrolera.

Estado actual: La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen realiza operativos en los nueve departamentos para ubicar a Dorgathen.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, manifestó que “al momento no se conoce el paradero de esta persona”.
YPFB asegura que Dorgathen está en territorio boliviano y se someterá al proceso.
El gerente Marcos Durán afirma que Dorgathen no ha renunciado y se encuentra con “baja médica”.

El origen de la denuncia: La investigación se inició por denuncia de dos exfuncionarios de YPFB y Aduana Frontera que alegaron que una operación de exportación de gas no cumplía con la documentación requerida.

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, calificó la denuncia como “represalia” o “venganza” porque los denunciantes fueron desvinculados la mañana del 6 de octubre y presentaron la acción penal esa misma tarde.
Serrudo sostiene que la exportación fue legal con un contrato por $us 14 millones.
Los exfuncionarios no estaban legalmente habilitados para actuar a nombre de la Aduana.
Paradójicamente denunciaron la exportación que ellos mismos habían autorizado.

El patrón histórico: Desde la nacionalización en 2006, YPFB ha tenido siete de 11 presidentes con historiales problemáticos.

Jorge Alvarado (2006): Destituido a los 7 meses por contrato con daño económico de $us 3,8 millones.

Manuel Morales Olivera (2007): Cuestionado por “doble negociación” y viaje encubierto a Cuba que costó Bs. 342 mil.
Guillermo Aruquipa (2007-2008): Aprehendido en 2009 por tráfico de influencias.
Santos Ramírez (2008-2009): Condenado a 12 años de prisión por el caso Catler-Uniservice vinculado al asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y corrupción en contrato de $us 86,3 millones.
Guillermo Achá (2015-2017): Destituido por contrato irregular de taladros Drillmec por $us 148 millones.
Herland Soliz (2019-2020): Renunció por irregularidades en contratación de póliza por $us 7,1 millones y compra de combustible con sobreprecio de $us 78,5 millones.
Armin Dorgathen (2021- ): Buscado por la justicia bajo el presunto delito de contrabando de combustibles y citado al Ministerio Público por el caso BoTrading de presuntos sobreprecios en la importación de combustibles.

Entre líneas: La crisis actual de combustibles que amenaza con dejar sin alimentos al país, según la Cámara Agropecuaria del Oriente, coincide con la búsqueda del presidente de YPFB, lo que confirma un ciclo de crisis institucional que data de hace casi dos décadas y que ha entorpecido las funciones estratégicas de la petrolera estatal.

La conclusión: La designación de líderes “a dedo” y la corrupción como causa recurrente de caída han convertido a YPFB en un patrón de crisis permanente desde 2006.