Gobierno declara emergencia energética y social por inflación y escasez de combustibles
Lo esencial: Ante un escenario económico marcado por inflación y escasez de dólares y combustibles, el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo 5517 que declara la “Emergencia Energética y Social” en todo el territorio boliviano para garantizar el suministro de energía y reactivar el aparato productivo.
Por qué importa: La medida busca ofrecer certeza a la población en un contexto de déficit de abastecimiento y tensiones financieras, con un enfoque económico orientado a asegurar energía, facilitar combustibles y apoyar la recuperación productiva en el corto plazo.
Los hechos: El decreto establece un conjunto de medidas excepcionales para mejorar la calidad de vida y avanzar en la reconstrucción integral de la economía.
- Se abre el mercado de hidrocarburos a la inversión privada.
- Se autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar derivados del petróleo.
- Los operadores deberán aplicar precios de Importación y/o Pre-Terminal y demostrar capacidad de almacenaje propia o alquilada.
Medidas sobre el diésel: Como acción crítica para asegurar el flujo de suministros, el Gobierno dispuso cambios regulatorios específicos.
- Suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas.
- Eliminación del requisito de Autorización Previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) para su importación y comercialización.
- Suspensión de la subpartida arancelaria 2710.19.21.00 del Arancel Aduanero de Importaciones correspondiente al gasóleo (diésel).
Contexto: Estas disposiciones ya habían sido contempladas en decretos anteriores y fueron ajustadas tras diálogos con sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB).
Los números: El Ejecutivo informó sobre recursos previstos para apoyar la reactivación.
- $us 500 millones provenientes de créditos del BID previstos para ser utilizados durante el primer semestre en proyectos de infraestructura y sociales.
Qué sigue: Las medidas tendrán una vigencia de un año, mientras el Gobierno espera que contribuyan a la recuperación económica en el corto plazo.
